El titular de la cartera fiscal adelantó la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo argumentando que la medida es adecuada para el fortalecimiento del sistema de protección social, que se viene desarrollando en el marco de la pandemia por coronavirus.
El Congreso modificó el proyecto de ley que fue presentado inicialmente por el Ejecutivo para obtener fondos para fortalecer el sistema de salud y mitigar los efectos de la cuarentena en el sector económico, lo que generó fuertes críticas porque muchos no rinden cuenta del uso del dinero público y las compras directas podrían constituirse en puertas abiertas para la corrupción.
López dijo que el Ejecutivo puso a consideración del Parlamento el proyecto de ley el 19 de marzo, cuando aún el Estado no tenía asegurados los recursos, y la ley de emergencia se presentó el 23 de ese mismo mes, por lo que entre el tiempo transcurrido para su aprobación ya se dispone de los fondos necesarios para enfrentar el COVID-19 (refiriéndose a los US$ 1.600 millones obtenidos por la vía del endeudamiento).
Agregó que entienden que el razonamiento del Congreso es adecuado para el fortalecimiento del sistema de protección social, por lo que el Ejecutivo no lo va a vetar sino que lo pondrá en vigencia.
El ministro expresó que se distribuyen al año entre US$ 80 millones y US$ 100 millones y que la ley establece los procesos de control por Contrataciones Públicas y que la Contraloría General de la República está desarrollando un software para ejercer una mayor supervisión sobre el uso de estos recursos.
En ese contexto, mencionó igualmente que la nueva ley tendrá vigencia hasta fin de año y que desde enero de 2021 regirá la distribución anterior.
De acuerdo a lo aprobado por el Congreso, los cambios introducidos a la Ley N° 3984, que establece la distribución y depósito de los royalties y compensaciones en razón del territorio inundado, se realizaron de la siguiente manera: 40% para la compra y productos de limpieza a través de la vía de la excepción, priorizando la producción local de los insumos; también 40% para gastos corrientes que incluye salarios y el 20% restante a gastos de capital, entre otros.
Con respecto al uso de royalties para salarios, el ministro señaló que aceptaron porque la recaudación cayó en todo el país y si el Estado en su conjunto está recurriendo a esta facilidad, consideraron coherente no prohibir, pero sí está prohibida la contratación de nuevo personal.