En comunicación con ABC Cardinal, el presidente de la Cámara de Senadores, Blas Llano (PLRA), confirmó que van a congregarse todos los representantes de los tres poderes del Estado en el Ministerio de Defensa para conversar sobre la situación de los albergues que reciben a los paraguayos que llegan del exterior en el marco de la pandemia de COVID-19.
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En ese contexto, al ser consultado sobre cuál va a ser el papel del Poder Legislativo en el marco de cómo se está utilizando el dinero público de la Ley de Emergencia Sanitaria, recordó la conformación de una Comisión Bicameral que se encarga de hacer el seguimiento de dichos recursos.
Además, sostuvo que hace aproximadamente 15 días había advertido al mandatario nacional que la poca claridad en los procesos de compras de insumos podrían enturbiar las buenas decisiones que el Gobierno tomó hasta la fecha. “Yo le manifesté mi preocupación, porque era evidente que no estaban claros los procesos licitatorios que se estaban dando, que esto podría empañar el buen trabajo que se estaba realizando”, indicó.
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Asimismo, calificó estos hechos de miserables. “¿Cómo es posible esto? Habiendo un pueblo que asumió a pesar de lo que eso significaba para mucha gente, gente que tiene que salir de su casa para traer el pan. Mucha gente se quedó en su casa para cumplir las disposiciones del Gobierno. Digamos que si el esfuerzo lo hace la gente, lo mínimo que uno puede esperar de sus autoridades es que los procesos licitatorios para comprar los insumos a los médicos sean de manera trasparente, sin ningún tipo de dudas. Lo único que puedo calificar es de miserable”, subrayó.
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“Ya le dije hace 15 o 20 días, pero le voy a decir otra vez: esto es gravísimo, es preocupante. No sabemos si este tema terminó, si va a empezar recién, si ese pico que tanto se anuncia va a llegar alguna vez y un Gobierno que está desacreditado por la corrupción (...) No sabemos si la ciudadanía va a tener la misma respuesta (...) El Gobierno puede ingresar en una fase de inestabilidad grande por los resultados de una economía que está pagando y va a pagar un precio muy alto de 78 días. Puede ingresar a una inestabilidad política y no precisamente por cuestiones políticas, porque prácticamente ninguna institución se salva”, aseveró.
Antecedentes
Cabe recordar que el 7 de marzo pasado, hace más de 80 días, se confirmó el primer caso de COVID-19 en el país. Si bien tres días después se anunció el inicio de la cuarentena, recién el 24 de marzo se dispuso el cierre total de fronteras. Desde entonces han llegado miles de paraguayos que fueron destinados a los albergues para guardar la cuarentena obligatoria.
Muchos de ellos denunciaron las situaciones en que se encuentran en esos lugares comunitarios, mientras que otros grupos salieron satisfechos por el trato en las instalaciones.
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Por otra parte, en el marco de la pandemia y la promulgación de la Ley de Emergencia, varias instituciones realizaron licitaciones para la compra de insumos médicos, como por ejemplo tapabocas. En ese contexto, han surgido una serie de irregularidades como en el caso de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), que ahora es investigada por la Fiscalía.
Las sospechas apuntan a que el precio de las mascarillas adquiridas por la institución no solamente fue sobrefacturado, sino que el propio entonces titular, Édgar Melgarejo, habría negociado directamente estas compras, a pesar de haber dicho que no estaba enterado de los pormenores del proyecto. La Fiscalía también apunta que las empresas proveedoras eran de maletín e integrarían parte de un esquema de corrupción.
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Esto derivó en la renuncia de Melgarejo, caso similar al que ocurrió con Petropar. La institución también habría comprado barbijos y agua tónica sobrefacturados supuestamente para la lucha contra la pandemia. De la misma manera, Patricia Samudio, entonces presidenta de Petropar, presentó su dimisión al cargo luego de los allanamientos realizados por la Fiscalía en el marco de la investigación del caso.
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El más reciente involucra al Ministerio de Salud, por contratos con las firmas Imedic y Eutotec para la compra de insumos médicos que suman G. 80.000 millones. Según el informe de Contraloría, el proceso estuvo viciado de irregularidades y la entidad estatal se vio obligada a rescindir el contrato, cobrar la póliza e instruir sumario. Además, la Fiscalía inició una investigación por dos denuncias presentadas: una de los legisladores contra el Ministerio y otra por el propio ministro de Salud, Julio Mazzoleni, contra las dos firmas proveedoras.
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