La Cámara de Diputados se ratificó en las modificaciones que había planteado al proyecto de ley para que las declaraciones juradas (DD.JJ.) de bienes y rentas de todos los funcionarios públicos solo sean publicitadas vía orden judicial.
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No conformes con poner trabas al derecho ciudadano de acceder a información pública, los legisladores decidieron modificar el artículo 14 de la ley 5033, que establecía como una falta penal la presentación declaraciones juradas falsas y redujeron esta situación a una mera falta administrativa.
El Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), organización que lleva años promoviendo el derecho de acceso a la información pública, cuestionó duramente esta decisión y señaló que se dio justo cuando la Corte Suprema debe estudiar si hace o no públicas las declaraciones juradas de las más altas autoridades de la República.
“A horas de que Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en fallo plenario, resuelva si las declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos serán públicas o no, la Cámara de Diputados –previendo un resultado favorable a tal publicidad- sancionó hoy un proyecto de ley que despenaliza el falseamiento de tales declaraciones que realicen las autoridades y los funcionarios”, comienza diciendo un comunicado emitido por IDEA este miércoles.
Señalan desde la ONG que si este proyecto de ley es promulgado por el Presidente Mario Abdo Benítez, mentir o proporcionar datos erróneos en una declaración jurada de bienes y rentas será una mera falta administrativa. “Esto implica que, en relación a las autoridades y funcionarios, los artículos 243 y 244 del Código Penal no serán aplicables. Estos artículos prevén un castigo de hasta cinco años de pena privativa de la libertad”, agrega el documento.
“En concreto, si este proyecto se convierte en ley -por aplicación del principio de ley penal más favorable al reo- se facilitará la impunidad de todos quienes hayan mentido en sus declaraciones juradas. Esto es, se facilitará la impunidad de quienes hayan cometido hechos de corrupción en el ejercicio de la función pública. Ahora podrán decir que se “equivocaron” y no pasará nada. Además, todos los políticos procesados por haber falseado sus declaraciones juradas quedarán impunes por este delito”, manifiesta.
“Esta nueva ley tendrá como consecuencia debilitar al punto de anular la efectividad del artículo 104 de la Constitución (que obliga a presentar declaraciones juradas al asumir y al dejar un cargo público), tal vez la disposición constitucional en la que mejor se advierte el derecho implícito a combatir la corrupción, esencial a toda democracia constitucional. Y lo hace en un momento en que la Corte se apresta a aprobar públicas las declaraciones juradas, con lo cual pretende disminuir la posibilidad de control ciudadano a controlar efectivamente a los administradores de la cosa pública”, continúa el comunicado.
Puntualiza que para evitar que el proyecto sancionado se convierta en ley y se debilite la institucionalidad democrática de la República solo queda que el Presidente Mario Abdo Benítez ejerza su facultad constitucional de vetar completamente este proyecto.
“Si lo hace, en la Cámara de Senadores habría, en principio, suficientes votos como para aceptar ese veto y archivar este infame proyecto de ley. Infame porque es un intento de debilitar el control ciudadano y blanquear a los saqueadores del erario público, que no son más que infames traidores a la Patria”, finaliza.