El exfiscal Emilio Fúster pidió este martes a sus anteriores colegas que imputen a todas las personas que se presentaron como representantes de las empresas que dijeron ser dueñas del cargamento incautado el pasado 5 de febrero en la ribera del lago de Itaipú, en un megaoperativo que detectó un esquema de contrabando de cigarrillos y otros bienes como electrónicos, agroquímicos y vehículos.
A cargo de este caso estaba el cuestionado fiscal Humberto Rosetti, quien asumió recientemente como fiscal adjunto de Alto Paraná. El caso, informó Fúster, está ahora bajo responsabilidad de la agente Nilsa Torales.
Para el ministro, la Fiscalía “debería direccionar su investigación identificando a los responsables e imputarlos. Nosotros los detectamos en flagrancia no solo por contrabando sino también por daños al medio ambiente. Nuestra posición jurídica es la misma”, sostuvo en conversación con ABC este martes.
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Sobre por qué estas personas se presentaron a reclamar la carga varios meses después de la incautación, insinuó que se toman su tiempo para gestionar facturas fraguadas.
“Aparentemente actúan así, se toman su tiempo para buscar los documentos, facturas… Eso es independiente, eso es irrelevante para mí (la existencia de facturas). Es importante para probar la responsabilidad física de esas personas (…) Esas personas, a mi criterio, asumen la responsabilidad administrativa o penal de los hechos”, añadió.
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Otra de las sugerencias de Fúster a la Fiscalía fue que trabaje con la Subsecretaría de Estado de Tributación, “pero mi competencia es bastante limitada”, lamentó. Finalmente, reconoció que si existiera una subasta de los bienes, un porcentaje de la recaudación iría para quienes intervinieron en el operativo, aunque dijo que eso no es prioridad en absoluto para la unidad que tiene a cargo.
Antecedentes
La semana pasada se conoció que cuatro empresas solicitaron a Aduanas la devolución de 20.000 cajas de cigarrillos incautadas en febrero pasado en Salto del Guairá, en la ribera del lago de Itaipú. Además, al menos, tres interesados reclaman la propiedad de otra valiosa carga de electrónicos y agroquímicos y una flota de camiones y embarcaciones. La carga incautada está depositada en la terminal de cargas Algesa, en Ciudad del Este.
Microtel Multimedia SA es una empresa del rubro crediticio con dirección en Mayor Fleitas entre Herrera y Adela Speratti, en Asunción, mientras que M.P.C. SRL es una tienda de productos electrónicos ubicada en el microcentro de Ciudad del Este.
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Entretanto, Alves SA, representada por Manoel Deolindo Balbino Alves, es proveedora de la Municipalidad de Salto del Guairá, donde obtuvo 13 licitaciones para construcciones diversas. La cuarta empresa es García Hnos. & Cia. SA, con dirección en Corpus Christi.
Por otro lado, al menos tres personas se presentaron al sumario de Aduanas para reclamar la propiedad de 103 cajas de agroquímicos, un importante lote de productos electrónicos, más de una decena de camiones y 18 embarcaciones. Se trata de Myrna Iglesias González y Janaina Oliveira, Alejandro Sosa, entre otros. El cargamento se encontraba depositado en una reserva forestal y alistado para su traslado al territorio brasileño de contrabando.