Esta mañana habló con ABC la parlamentaria Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) en relación a la presentación de una nueva propuesta que aclara y rectifica varios puntos de la propuesta que ya tiene media sanción en la Cámara de Senadores.
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“El proyecto que viene con media sanción es súper abierto, va a salir todo el mundo con la excusa del COVID, la enfermedad. Está bien, la gente que tiene alto riesgo que se evalúe, que haya una junta médica que diga que tiene un altísimo riesgo de contraer, en todo caso que salgan temporalmente, pero ahí metieron, por ejemplo: todas las personas que hayan cumplido la mitad de la condena pueden salir, y cómo, o sea, ahí no dicen, por ejemplo, las que tienen penas bajas, entonces salen todos, literalmente. Después, otra de las situaciones (...) están los prevenidos, los imputados, ahí no se establece gravedad del hecho, no se establecen parámetros, entonces, con esa formulación que viene del Senado es muy abierta y se desvirtúa o se desnaturaliza la intención de esa ley que -me imagino- era que la gente que estaba en riesgo pueda salir”, explicó.
Cuestionó que también en la iniciativa aprobada por la Cámara Alta se determina que solo el médico de la penitenciaría puede decidir quién puede salir. “Eso no puede ser así, dejar a una sola persona que decida sobre 17.000 personas. No se puede, entonces nosotros incluimos que sea una junta médica y así, punto por punto”, aclaró.
“Aparte, con esta ley ponele que hay una persona que fue condenada por hurto agravado, fue condenada a 10 años (...) ya cumplió siete años, sale esa persona y el día en que se levante la pandemia tienen que volver toditos los presos por ellos mismos a su lugar de reclusión. ¿Qué pasa si esa persona a la que le faltaba tres años ya no vuelve a su lugar de reclusión. Esa persona puede estar tres años escondida, que siga corriendo su condena, porque no tenemos la figura de la interrupción, entonces cuando cumpla los 10 años ya está con condena cumplida, entonces incorporamos también. Yo no sé si al día siguiente del levantamiento de la condena toditos los presos se van a ir solitos a su lugar de reclusión, entonces tiene muchos problemas y realmente es muy preocupante”, aseveró.
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En ese contexto, comentó que hoy a las 9:00 se va a tratar en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja el proyecto que ya cuenta con media sanción y la propuesta alternativa. Agregó que el encuentro –del cual participarán las ministras de Justicia, Cecilia Pérez, y de Defensa Pública, Lorena Segovia; la jueza Silvana Luraghi y la fiscala Celia Beckelmann– será transmitido para toda la ciudadanía por TV Cámara.
Asimismo, la diputada Vallejo reconoció que hay mucha gente que está presa y no debería estar privada de su libertad y apuntó que ahí está la herramienta del artículo N° 245 del Código Procesal Penal, que recientemente fue modificado para que nuevamente quede a criterio del juez otorgar medidas alternativas a la prisión preventiva en ciertos casos. No obstante, dijo que no se puede legislar sobre la honestidad de las personas que cumplan con las instituciones.
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Recordó que hubo mucha resistencia para que el artículo 245 vuelva a su forma original y sea constitucional. “Fue una lucha tremenda, eso es lo que no se dimensiona, esas medidas cautelares mal aplicadas. Hay gente que está privada de su libertad sin ningún fundamento, pero eso no se puede legislar. No es una cuestión de leyes (...) Los que integran las instituciones son los que no funcionan. Acá todo tiene que ser expeditivo”, resaltó.
El proyecto de ley ahora cuestionado fue presentado el 9 de junio pasado por los senadores Tony Apuril (Hagamos), Arnaldo Franco (ANR, cartista) y Fernando Silva Facetti (llanista). En menos de un mes, el 2 de julio, fue aprobado por sus colegas en la Cámara Alta.
Justamente uno de los miedos que desató esta normativa es que favorecería a unos 1.500 presos, quienes se sumarían a los aproximadamente 1.700 reos que ya lograron beneficiarse porque se encontraban en el grupo de riesgo en el marco de la pandemia de COVID-19.
Esta propuesta también será favorable para el diputado Miguel Cuevas (Colorado Añetete), quien se encuentra con prisión preventiva en la Agrupación Especializada, procesado por enriquecimiento ilícito. Además, otro de los beneficiados sería el diputado Ulises Quintana (Colorado Añetete), quien también está privado de su libertad pero en la prisión de Viñas Cue, tras ser acusado por supuesto lavado de dinero y asociación criminal, por estar ligado presuntamente a un esquema de narcotráfico.
Cabe recordar además que este proyecto de ley fue presentado principalmente para evitar el hacinamiento en las penitenciarias, en atención a la posibilidad de contagios masivos de COVID-19, que después de 140 días de cuarentena sanitaria cuenta con 4.548 infectados, de los cuales 43 han fallecido y 2.905 se han recuperado. Asimismo, uno de los principales focos masivos se dio en el penal de Ciudad del Este, donde unas 600 personas contrajeron el virus, entre funcionarios del penal y reos, brote que ya está controlado, según las autoridades.