La cartera explica que el monto está compuesto por 15% de gastos de funcionamiento, 67% de inversiones sustantivas y misionales y 18% para pago de deudas y transferencias.
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El informe presentado indica que el 56,2% del total de recursos previstos en el PGN 2021 corresponde a la Administración Central y el restante 43,8%, a las Entidades Descentralizadas.
La recaudación impositiva, por su parte, se estima, se reducirá en un 8,2% con respecto a lo que se esperaba recaudar en 2020, mientras que la presión tributaria se mantendría en torno al 9,1% en 2021.
Los datos expuestos ante el Congreso indican que se prevé destinar G. 33,4 billones a las diversas acciones vinculadas al sistema de protección social, el cual está organizado en tres pilares enfocados en la integración (64%), inserción (3%) y previsión social (33%).
Señala que se continuará con las inversiones sociales apoyando a los más vulnerables a través de programas como las pensiones para los adultos mayores, beneficiando a más de 214.000 personas, transferencias monetarias y acompañamiento a más de 165.000 familias (Tekoporã), fomento de microemprendimientos y subsidios para la adquisición de viviendas sociales.
El proyecto de Presupuesto 2021 se elaboró sobre la base de un crecimiento del 5% del producto interno bruto (PIB), una inflación del 3,8% y un tipo de cambio a G. 7.092 por dólar.
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El déficit fiscal se mantiene en el tope de 1,5% establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), pero a la espera de que el Congreso apruebe la modificación de la referida ley, cuyo proyecto el Ejecutivo remitirá en breve para que la convergencia al límite se haga en un plazo de 3 a 4 años.
Para economistas locales y exministros de Hacienda, se debe volver al tope lo antes posible, de tal modo a dar señales claras de que se retomará el control fiscal y porque consideran que será un acto de responsabilidad que el Gobierno entregue al próximo presidente el saldo rojo en el mismo nivel que recibió, es decir 1,5% del PIB.