Representantes legales de la citada empresa denunciaron que los indígenas habrían formalizado un arrendamiento de 1.800 hectáreas de las tierras mecanizadas pertenecientes a la empresa “Laguna SA”. El arrendatario ilegal sería un brasileño de nombre Valdecir Meiners, oriundo de San Alberto.
“Tenemos la noticia de que ya solo están esperando que llueva para entrar a cultivar nuestras tierras. Pedimos el auxilio de la justicia y la Policía Nacional para evitar este atraco criminal a la propiedad privada por parte de inescrupulosos que valiéndose del trato especial que tiene los indígenas usan esa situación para piratear tierras ajenas”, manifestó Jorge Fleitas, abogado de la empresa.
El mismo explicó que los indígenas entraron en dicha propiedad hace algunos años y en principio solo ocupaban el costado del camino, pero poco a poco fueron posesionándose de las tierras de la citada empresa. “Hasta hace poco se limitaban a extorsionar a los productores cada vez que iban a sembrar o cosechar, pedían dinero para permitir el paso de las maquinarias poniendo a niños al paso, pero ahora ya se fueron muy lejos”, señaló Fleitas.
De acuerdo a la denuncia, los principales cabecillas que estarían negociando las tierras privadas son Antonia Carrillo, Mario Saucedo y otros, con la complicidad de funcionarios del Indi, quienes también estarían lucrando con el alquiler de las tierras ajenas. El arrendamiento rendiría unos 500 mil dólares (3.500 millones de guaraníes) por año a quienes participan del negocio ilícito.
La empresa Laguna SA tiene en el lugar un total de 4.700 hectáreas de tierra, destinada a la agricultura a gran escala, ganadería y grandes extensiones de reservas boscosas. La propiedad está totalmente legalizada y sus títulos de propiedad fueron ratificados por sentencias de la Corte Suprema de Justicia, pero aun así sufre el hostigamiento constante de un grupo de indígena, liderado por Carrillo y Saucedo.
El pasado 11 de setiembre, ante la inminente apropiación de los indígenas, el juez de Salto del Guairá, Santiago Núñez Gómez dictó una orden de no innovar en la propiedad contra los indígenas, pero aun así estarían a punto de arrendar dichas tierras, con el argumento de que las mismas son propiedades ancestrales.
ABC Color contactó con el líder indígena Antonia Carrillo, pero la misma no respondió aún a las consultas sobre la denuncia en su contra.