La senadora (FG) y presidenta de la Comisión de Hacienda, Esperanza Martínez, conversó con ABC Color sobre los aumentos para funcionarios del Senado y el Congreso incluidos en el Presupuesto General de la Nación 2021 aprobado por ambas Cámaras.
Martínez señaló que lo que se planteó es una política de matrización y está dirigida a funcionarios que se encuentran en situación de desigualdad. Asimismo, resaltó que se trató de una iniciativa de la presidencia del Senado y que tuvo el acompañamiento de todas las bancadas.
“Se hizo una política de matrización para que, dentro del esquema, afectara a funcionarios que tuvieran alguna situación de desigualdad”, sostuvo.
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El objetivo es potenciar la política institucional del Congreso, explicó Martínez. Así también, garantizó el acceso a privilegios a través de concursos previos.
“No estamos hablando de habilitar nuevos cargos sino de previo concurso para promocionar a funcionarios que ya están en la institución y potenciar la política institucional”, detalló.
La senadora indicó que existen funcionarios con antigüedad de más de 8 años que no perciben el mínimo institucional y que con esta iniciativa se busca regularizarlos. Asimismo, indicó que están presupuestadas remuneraciones por preparación académica.
En el proceso de pandemia se realizaron recortes de privilegios a legisladores, como seguro médico, catering y viáticos, además de una reducción del presupuesto ya prevista de G. 21.000.000.000. La presidenta de la Comisión de Hacienda indicó que con este proyecto se delegará los beneficios de los parlamentarios al personal del Congreso.
“Son beneficios que teníamos y delegamos a los trabajadores”, refirió.
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El incremento salarial dispuesto para funcionarios del Senado y el Congreso fue cuestionado por varios estamentos sociales. Al respecto, la legisladora indicó que existe una estigmatización hacia los funcionarios no justificada.
Por otra parte, Martínez criticó a la Dirección de Función Pública por ser una institución que “tranca cosas”. La senadora señaló que, debido a los requerimientos exigidos por el ente, profesionales no quieren trabajar para el Estado.
Presupuesto aprobado por el Congreso
El proyecto de ley de PGN sancionado por el Congreso asciende a G. 92,2 billones (US$ 13.010 millones). El Ejecutivo había presentado un presupuesto de G. 85,7 billones (US$ 12.098 millones), que luego fue creciendo en las diversas instancias de análisis.