“El servicio del transporte público es un derecho del usuario, no es un negocio de las empresas ni tampoco del Estado. A partir de ese modelo mental tenemos que diseñar un servicio en función al pasajero, no en función al rédito empresarial. En otros países, el subsidio es una inversión, un acceso a servicios públicos”, expresó Zuccolillo en conversación con ABC este sábado.
El empresario propuso durante la semana que el dinero del subsidio que el Estado paga a los transportistas, que ronda los US$ 9 millones por año, sea transferido directamente a las tarjetas del billetaje electrónico.
Zuccolillo hizo un paralelismo con el sistema Pytyvõ de transferencias de subsidios y dijo que, gracias al billetaje, se tienen los datos personales necesarios para implementar este nuevo sistema. Esto, indicó, hará que los transportistas presten un mejor servicio.
“Lo que nosotros planteamos, porque no estoy solo, es que el dinero que destina el Estado hoy en transporte público sea acreditado a la tarjeta de los beneficiarios. Que el dinero esté en las tarjetas y que el transportista esté obligado a prestar servicio. Hoy tenemos un modelo arcaico en el que se paga por cantidad de flota”, sostuvo.
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Indicó también que el dinero de Pytyvõ “se transfirió a cada persona y no a los supermercados”, como ejemplo que el dinero del subsidio actualmente se les envía a los transportistas. “Hoy el Estado les da un cheque a fin de mes (a los transportistas) y les dice ‘portate bien’”, ironizó.
El presidente de Cotrapar dijo que, en el caso de los pasajeros que usan los buses convencionales, cuyo precio del pasaje es de G. 2.300, solo reciben de forma tangible un subsidio de G. 2.750 cada uno de forma mensual. Es decir, un monto mínimo dentro de la estructura de gastos mensuales de la persona y una demostración que el dinero va a parar a los transportistas.
“Ese modelo no tiene como centro el servicio a los usuarios. Nuestro planteamiento es que se transfiera ese dinero al pasajero, que el pasajero esté empoderado con ese dinero. Que el enfoque sea prestar el servicio al pasajero. Este es un modelo que no genera beneficio al pasajero, es uno que genera corrupción”, añadió.
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En otro momento, sostuvo que “claro que hay empresas que están en contra” de los cambios y que “quieren sostener este modelo”, pero agregó que “no se pueden mantener esquemas ni itinerarios concedidos hace años” sin los mínimos estudios técnicos.
En ese contexto, explicó que en tiempos de “big data” (macrodatos) del transporte público, estos deben usarse para plantear mejores itinerarios en base a la demanda de las personas, algo que también generaría menos pérdidas a los empresarios del transporte.
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“El Viceministerio de Transporte está trabajando en esto, pero hay varias etapas en este proceso”, precisó, indicando que la optimización llevará a un mejor y mayor servicio, la implementación del servicio nocturno y que barrios más necesitados con menos servicio tengan más frecuencia. “El proceso final es que ese dinero sea distribuido en base a la necesidad y a la demanda”, expresó, al tiempo de indicar que algunos transportistas hacen las reguladas para “sobrevivir” y otros para “beneficiarse y lucrar”.
Hace semanas los empresarios del transporte público hacen una criminal regulada de sus servicios en plena época de pandemia y de restricción horaria. La escasa disponibilidad hace que los pasajeros tengan que viajar literalmente colgados en las estriberas y hacinados dentro de los autobuses.
Desde el Gobierno, informaron que evalúan la posibilidad de que el dinero del subsidio se transfiera a los pasajeros.
Ayer, el viceministro de Transporte, Pedro Britos, comentó que desde la institución se están realizando los controles correspondientes ante la denuncia de reguladas. Señaló que 16 empresas fueron multadas por el incumplimiento de la frecuencia. La multa que se les aplica por esta infracción es de 45 jornales.
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También ayer por la noche se informó que el Viceministerio de Transporte dispuso la cancelación de licencia del permiso del usufructo del itinerario de la Empresa de Transporte y Turismo Choferes del Chaco SA (Línea 20), a la vez que se abrió sumario contra “Automotores Villa Hayes SRL” (Línea 46) y “Lago Azul de Ypacaraí S.A.” (Línea 128).