La primera en tomar la causa fue la fiscal Lorena Ledesma, la única que realmente movió el caso. Ledesma fue quien incautó audios de la frecuencia policial y quien imputó al jefe policial Tomás Paredes Palma.
Sin embargo, luego fue apartada del caso por el entonces fiscal general Javier Díaz Verón, actualmente acusado por lavado y enriquecimiento ilícito.
El caso quedó luego a manos de la fiscal Raquel Fernández, quien se negó a solicitar el cruce de llamadas.
La propia investigadora admitió en su momento que le importaba más no caer “en el morbo” y que por ello no pide los registros telefónicos de Cartes y su entorno con el entonces comandante de la Policía Nacional, Crio. Críspulo Sotelo, durante el 31 de marzo y 1 de abril.
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La fiscala Fernández dijo que los registros de los teléfonos no son conducentes porque no van a revelar las comunicaciones ni aportar como elemento objetivo ni subjetivo en el tipo penal indagado, que es homicidio. “Considero que tener los extractos no hacen a ninguna prueba, sobre todo si es porque se comunicaron simplemente con el comandante y sobre todo porque no voy a tener el contenido de la comunicación”, refirió.
La conducta de Fernández no fue rectificada en ningún momento por Quiñónez, quien asumiera meses después como titular del Ministerio Público. Esto a pesar de que la misma fiscal general utilizó el cruce de llamadas en varios de sus casos para llegar a autores materiales e intelectuales.