Sanatorios cuestionan que el Gobierno solo haya pagado por el 20% del total de internados por el convenio

El presidente de la Asociación de Sanatorios Privados recordó que está vigente desde el año pasado un convenio para que reciban a pacientes con COVID-19 que requieran terapia intensiva cuando el Ministerio de Salud ya no dé abasto. En ese marco ya se han internado en sanatorios unas 500 personas hasta la fecha. Aseguró que el gasto de apenas el 20% de ese total ya ha sido cubierto por el Gobierno, mientras lo demás está pendiente de pago.

“Tenemos un retraso en el pago. Eso se debe a mucha burocracia en la revisión de los expedientes. Recordemos que se establecía un monto fijo de G. 13 millones por día, por paciente. Por lo tanto, creemos innecesaria la extremada rigurosidad en los pacientes porque es un monto fijo. No estamos ajenos a los controles, pero en algunas ocasiones hemos tenido exigencias que desde nuestro punto de vista son infundadas y retrasan la resolución de expedientes y la consecuencia es que eso retrasa el pago”, lamentó.

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Aseguró que eso sobre todo afecta a los sanatorios privados más pequeños, que no tienen “un colchón” suficiente para solventar todos los excesivos gastos que implican las internaciones en terapia intensiva para pacientes del nuevo coronavirus.

Resaltó además que actualmente las 86 camas que forman parte de ese convenio ya se encuentran ocupadas y eso genera una larga lista de espera debido también al colapso del sistema público.

En otro momento, expresó su preocupación por la nueva ley que crea un Fondo Nacional para cubrir los gastos de pacientes internados por COVID en hospitales públicos y privados, para el cual se destinarán poco más de US$ 30 millones (90.000 salarios mínimos).

Indicó que esa ley promulgada por el Ejecutivo el pasado 17 de abril ya está vigente, por lo cual cualquier ciudadano puede invocarla para acogerse a los beneficios. “No tengo aún conocimiento de pacientes que ya hayan recurrido a ella”, señaló.

Señaló también que la nueva normativa afectará al sector privado y les preocupan varios aspectos del documento. Primeramente, el hecho de que en una parte de la ley se hable solo de pacientes en UTI pero en otra de pacientes de COVID-19, por lo cual es ambiguo si podría implementarse para los ambulatorios o internados en salas comunes. Dijo que ese punto debe ser resuelto por los expertos en la materia.

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“De cualquier manera, en el sector privado por lo menos se va a duplicar la cantidad de pacientes que cuenten con la protección del Estado para cubrir esos gastos”, consideró. El Dr. Zarza dijo además que los sanatorios no tendrán más alternativa que aceptar lo que imponga la ley, pero les preocupa la implementación y sobre todo que no se cubran las deudas.

Así también, dijo que el fondo es muy exiguo, ya que -teniendo en cuenta lo costosa que es la internación en UTI- apenas duraría unos 30 días como máximo. “Es muy corto teniendo en cuenta que el nivel de contagio sigue aumentando y la cantidad de terapia suma mucho más, sobre todo porque la vacunación en el país corre muy lentamente. Así como estamos, la alternativa más cercana (para resolver la crisis) es hacer la vacunación masiva. Y como no hay vacunas, tenemos que asumir que esto se va a prolongar por bastante tiempo”, señaló.

Sobre los amparos judiciales, dijo que son un gran problema debido a que todas las camas están ocupadas y la lista de espera es muy larga. “¿Cómo se hace si no se tienen camas? Es de cumplimiento imposible… Hoy la lista es de entre 70 y 80 pacientes esperando camas de terapia intensiva. ¿Cómo se hace para cumplir esa orden? ¿Se deja de lado a los 80 que estaban esperando antes solo porque el juez lo ordena?”, planteó.

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