Proyecto de “ley garrote”: Constitución permite “limitar” derechos para garantizar la vida, considera abogado

El Ejecutivo planteó al Congreso Nacional el proyecto de ley de emergencia sanitaria -o “ley garrote”- con el que busca sancionar a la ciudadanía en caso de incumplir las restricciones sanitarias. La iniciativa surge ante la deficiente gestión del Gobierno en la adquisición de vacunas contra el COVID-19.

En conversación con ABC Cardinal, Rolón Luna señaló que en general está de acuerdo con el proyecto de ley debido a que considera que en la Constitución Nacional (CN) se prevé limitar derechos para garantizar la vida. “En general, estoy de acuerdo con una ley que establece esos límites y alcances de esas restricciones. Estoy de acuerdo con eso y no con los decretos”, manifestó.

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No obstante, el profesional del derecho refirió que las restricciones no pueden ser establecidas a través de los decretos presidenciales. En ese sentido, indicó que la vía es la legislación con la elaboración de normativas, como permite la CN.

Agregó que un contexto de emergencia sanitaria se pueden plantear ciertas restricciones o limitaciones a derechos mediante la legislación. “En una situación de emergencia sanitaria pueden establecerse restricciones porque se trata del derecho a la vida”, declaró.

Seguidamente, Rolón refirió que considera preminente el derecho a la vida, ya que -según entiende- cuenta con un sustrato con respecto a otros privilegios constitucionales. “El derecho a la vida está en primer lugar, luego el medio ambiente y luego el derecho a la libertad. Hay un sustrato del propio disfrute de otros derechos, como es el derecho a la vida”, mencionó.

Igualmente, indicó que el “verdadero peligro” se encuentra más allá de la ley, haciendo referencia a las irregularidades que cometen las instituciones de seguridad y del Poder Judicial. ”Más allá de la ley, el problema está en la Policía, la Fiscalía y nuestros jueces, que no cumplen con sus garantías”, expresó.

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El abogado refirió que, si bien tiene objeciones con respecto a artículos particulares del proyecto, considera que la iniciativa del Ejecutivo no tiene como objetivo habilitar prácticas arbitrarias. “En el artículo por artículo tengo objeciones. De ahí a decir que se trate de una ley habilitante me parece un despropósito”, sostuvo.

Rolón Luna acotó, en ese sentido, que le resulta “muy forzado” señalar que Abdo Benítez pretende ser un dictador, cuando -según indicó- no es ni siquiera un gobernante. Rolón Luna también refirió que, teniendo en cuenta la situación sanitaria, puede haber “matices” en la perspectiva que son distintas al período prepandemia, por lo que el debate debe centrarse sin utilizar analogías incorrectas.

“La discusión debería darse en un plano de buena fe. Me parece muy forzado decir que Mario Abdo tiene vocación de dictador cuando no tiene ni la de gobernante y mucho menos de dictador”, afirmó.

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En otro momento, Rolón Luna cuestionó a los medios de prensa por tomar postura ante un proyecto de ley como el que elaboró el Ejecutivo. Afirmó que considera que el rol del periodismo debe limitarse a informar u opinar y no realizar campañas contra iniciativas legislativas.

“Ley garrote”, rechazada por varios sectores

Desde organizaciones sociales, gremios productivos y partidos políticos manifestaron su rechazo al proyecto de “ley garrote” que plantea el Ejecutivo. Coinciden en que la iniciativa brinda atribuciones arbitrarias y permite la vulnerabilidad de derechos constitucionales.

Entre los principales cuestionamientos se destacan que permite la autorización al Ejecutivo de suspender derechos constitucionales (art. 6), la creación de tribunales especiales (art. 9), la disolución de la división de poderes (art. 11) y las multas confiscatorias (art. 19). Se puede entender, entonces, que la iniciativa es ideológicamente monstruosa, ya que podría considerarse como una ley habilitante, que es el pilar habitual de las dictaduras.

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No obstante, autoridades del Ejecutivo insisten en su aprobación, ya que consideran que existe una necesidad de sancionar a quienes incumplan las medidas sanitarias en un contexto de crisis por la pandemia del nuevo coronavirus. Ayer, trataron de justificar la “ley garrote” ante los integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, pero los senadores señalaron las numerosas deficiencias de la iniciativa legislativa.