El Tribunal de Apelación de la Primera Sala -compuesto por los jueces Gustavo Santander, Pedro Mayor Martínez y Gustavo Ocampos- hizo lugar a la recusación planteada por los abogados Rodrigo Yódice y César Coll contra el juez Elio Rubén Ovelar Frutos por falta de imparcialidad en el caso promovido por Marta González, ex viceministra de Tributación del gobierno de Horacio Cartes.
Yódice y Coll, en representación de la directora del diario ABC Color, Natalia Zuccolillo, recusaron el 3 de mayo pasado a Ovelar Frutos, considerando que en varias publicaciones se denunció que debía ser investigado por la Fiscalía por varios delitos como enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y otros posibles hechos de corrupción pública denunciados por un particular.
De igual manera, se había revelado en las publicaciones el inusitado interés de Ovelar en no apartarse de la querella por difamación promovida por la ex viceministra de Tributación Marta González dirigida contra Zuccolillo y el periodista Juan Carlos Lezcano, por publicar un presunto caso de corrupción que habría perpetrado la exfuncionaria.
La recusación alegó como motivación lo que disponen los artículos 12 y 13 del Código Procesal Penal, en la parte que establecen sobre la enemistad, odio o resentimiento que resulten de hechos conocidos, como asimismo en lo que respecta a cualquier otra causa fundada en motivos graves que afecten la imparcialidad o independencia del juez.
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ABC viene publicando desde hace mucho tiempo presuntos casos irregulares que involucran al magistrado y a su hijo. En el caso del juez, el abogado Yódice mencionó a inicios de mayo, por ejemplo, que gracias a publicaciones de este medio se detectó que incrementó en 1.400% su patrimonio y ello derivó en el inicio de una investigación por parte de la Contraloría sobre presunto enriquecimiento ilícito.
De esta manera, el camarista Pedro Juan Mayor Martínez opinó: “Entendemos que las publicaciones realizadas por el medio ABC Color en fecha 2, 10 y 15 de febrero, 18 y 29 de marzo y 6 de abril de 2021 se enmarcan dentro de los derechos constitucionales y convencionales que garantizan la libertad de expresión e información”.
Agregó: “En aras de mantener una imagen de absoluta imparcialidad y evitar que existan impresiones de que el magistrado pueda encontrarse afectado anímicamente por las publicaciones dirigidas críticamente hacia su tarea y hechos referentes al mismo, por cuestión de decoro y delicadeza corresponde admitir la recusación deducida por Natalia Zuccolillo, por derecho propio y bajo patrocinio de abogados, contra el juez penal Elio Rubén Ovelar Frutos y, en consecuencia, reemplazar al mismo por el miembro suplente para que entienda la presente causa”.
González demandó a Zuccolillo y a Lezcano porque se sintió agraviada tras publicaciones que daban cuenta de sus vínculos con el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).
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Contrataciones Públicas confirmó los vínculos de González con esta entidad de cuya comisión directiva formaba parte en un proceso que terminó con la adjudicación de un contrato de US$ 3 millones por parte del Estado.
Además, un dictamen técnico de la Contraloría General de la República concluyó que el contrato de más de US$ 3 millones que firmó durante su gestión violó varios artículos de la Ley de Contrataciones y el decreto reglamentario.
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Llamativamente, el juez Ovelar, además de aferrarse al caso, actuó con celeridad teniendo en cuenta que se trata de una querella privada. Aun tras la recusación, el magistrado quiso seguir en el proceso arguyendo que no tiene trato de amistad ni enemistad con Zuccolillo y sostuvo que su posible falta de imparcialidad “no tiene justificación alguna”, según se desprende del documento de admisión de la recusación.
En el documento se hace constar que Mayor Martínez y Gustavo Santander entendieron que sí hay causales para la recusación, mientras que Gustavo Ocampos votó en disidencia. La decisión de los magistrados implica que, en reemplazo de Ovelar, asuma ahora su juez suplente.