Itaipú: Director financiero considera que “se hace novela” por exigir datos y cuestionar secretismo

La Itaipú Binacional planteó en la semana una acción de inconstitucionalidad contra la resolución de la Contraloría General de la República que dispone una auditoría financiera del dinero que la hidroeléctrica destina para gastos sociales. Además, como medida de urgencia pide que la Corte Suprema suspenda dicha auditoría.

Como si fuera poco, la binacional contrató a un abogado externo para que patrocine el pedido. Se trata del Dr. Daniel Mendonca. La Asesoría Jurídica de la entidad, a cargo de Magnolia Mendoza, esposa del senador Silvio “Beto” Ovelar y quien gana más de G. 100 millones al mes, fue finalmente quien presentó la acción con el aval del profesional.

El director de la entidad, Manuel María Cáceres, defendió su postura el miércoles pasado y argumentó que lo que se busca es cuidar que no se viole el tratado con el Brasil. Irónicamente, sostuvo que su intención es transparentar estos gastos sociales.

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El director financiero de la entidad, Fabián Domínguez, afirmó en conversación con ABC este viernes que “demasiado novela se hace por este asunto”, refiriéndose tanto a la presentación del pedido como a la consulta de cuánto se pagó por la contratación de Mendoca como asesor externo.

Además, Domínguez felicitó al director paraguayo Cáceres “por hacer cumplir el tratado”. Si bien sostuvo que “tenemos un excelente equipo jurídico”, fue necesario que se contrate a este especialista en derecho constitucional para avalar el documento.

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En otro momento, contó que en Asesoría Jurídica de Itaipú hay “entre 25 y 30 profesionales”. Consultado sobre si entre ellos no hay un especialista en derecho constitucional, dio a entender que sí, pero que necesitaba “recurrir al mejor”.

“Esto fue patrocinado por un abogado experto en temas constitucionales que no iba a patrocinar la acción si no estaba convencido del tema (…). Daniel Mendonca está patrocinando como especialista de fuste de reconocida trayectoria”, señaló Domínguez, quien dijo desconocer cuánto se pagó al profesional y si es que ya recibió los honorarios.

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“Más allá de mi posición de director financiero en Itaipú, como también abogado, estoy convencido de lo que se presentó en esa acción de inconstitucionalidad (…). Hay vastos antecedentes porque los antecedentes son del tribunal brasileño y algunos fallos del tribunal paraguayo. Podemos hablar que la acción tiene suficiente entidad y fundamento”, reafirmó.

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Mientras la acción fue presentada ante la Corte, en el Congreso se estudia un proyecto de ley que obliga a la Contraloría General de la República a auditar los gastos de las binacionales. La propuesta tuvo media sanción el miércoles en la Cámara de Diputados. Dichos fondos supuestamente ya fueron “comprometidos” para este año y por ello la entidad, a cargo de Manuel María Cáceres Cardozo, se niega a destinarlos a Salud Pública. Senadores, por su parte, analizarán en su próxima sesión, del jueves 3 de junio, el documento.