Explotadores de tragamonedas exigen el cese del contrato con misteriosa firma

Comerciantes afectados por las disposiciones de la Resolución N° 34/2020 se concentraron frente a la sede de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) para exigir el cese del contrato entre la institución y la empresa iCrop SA, cuyo gerente general es Ariel Peña Flores. Argumentaron que no se cumplen las disposiciones impuestas en dicho documento, ya que se establece como tope que hasta tres máquinas tragamonedas pueden ser habilitadas por local que no sea salón exclusivo de juegos de azar, sin embargo, existen casos que supera ampliamente esa cifra, denunciaron.

Lorena Rojas, representante de la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar, mencionó que el sistema de legalización de las máquinas operativas según la citada resolución consiste en el relevamiento de la cantidad en funcionamiento y su identificación, luego eso es comunicado a Conajzar y esta acude a los lugares para confirmar la información. Sin embargo, se detectó que la misma empresa que censa, catastra y cobra canon sin que antes sea autorizado por la institución que representa al Estado. “La empresa iCrop SA es juez y parte, y existen locales que operan con más de la cantidad de máquinas establecidas en la resolución”, dijo.

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Los comerciantes exigen que se verifiquen las denuncias y en caso de confirmar, que se informe al Ministerio Público para su investigación y el cese del contrato con dicha firma. La nota fue entregada en secretaría, pero los manifestantes no fueron recibidos por ninguna de las autoridades; es más, el presidente de Conajzar se encuentra de vacaciones hasta mañana, según se confirmó desde la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Hacienda.

Luego de manifestarse frente a Conajzar, el grupo acudió al Congreso para reunirse con senadores del Frente Guasu. Cabe recordar que en la jornada de ayer, la Cámara Alta trató el proyecto de ley que prohíbe estas máquinas en los mencionados locales y en la ocasión, legisladores cuestionaron que el acuerdo entre iCrop SA y Conajzar sería una estructura para lavado de dinero. La sospechas toman fuerza al evidenciarse que la compañía se queda con el 70% de la recaudación por 50.000 tragamonedas catastradas en todo el país, cifra que representaría una ganancia de US$ 1,5 millones al mes cuando llegue a completarse toda esa cantidad de máquinas.

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