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La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Antonio Ortíz, contrató a la empresa iCrop SA, cuyo gerente general es Ariel Peña, para censar, catastrar y explotar las máquinas de tragamonedas en todo el país. Además, le facultó la potestad de subcontratar representantes en todo el país, entre los que se encuentra la compañía Onex Group SA, cuyas accionistas fundadoras son Stella Margarita Páez Cañete y Noelia Macarena Fernández Samaniego, según consta en la escritura pública del 5 de junio del 2020.
El directorio de dicha empresa se reunió en la quincena de diciembre del año pasado para designar como director a Jorge Gabriel González Caballero, quien recientemente fue convocado para integrar el equipo de transición del actual intendente de Encarnación, Sebastián Remezowski (ANR), para desempeñarse como jefe de Gabinete de la Comuna. Actualmente es funcionario de la Entidad Binacional Yacyreta (EBY).
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El cambio de administración se dio tras la renuncia de Luis Yd (Alianza), quien aspira volver a candidatarse en las elecciones municipales de octubre.
González fue candidato a diputado número dos por el departamento de Itapua y reconoció que es militante del Partido Colorado. En cuanto a su vinculación con la empresa, González primeramente evitó dar declaraciones excusándose que se encontraba firmando documentos (sábado de tarde). Al ser insistido si es directivo o no de la empresa, respondió que no y seguidamente aclaró que sí “lo fue en su momento”, sin dar mayores detalles.
Se persistió en conocer información precisa y aseguró que hace 30 días que renunció a la compañía, documento que no proporcionó pese a que se comprometió.
Mencionó que es abogado y contador, y en el desempeño de esas profesiones fue que brindó asesoría en el estudio de mercado, imagen y conformación de la firma. Sin embargo, no pudo explicar en qué consistieron los dichos trabajos ni facilitó copia de esos informes, además, negó que la firma se creó con el fin de representar a iCrop SA en Itapúa.
En cuanto a la legalidad de las operaciones de Onex Group SA y iCrop SA, indicó que está al tanto del debate planteado desde el Senado y las sospechas de que es un montaje para legalizar 50.000 máquinas y así, generar una renta de US$ 1,5 millones como parte de un esquema para lavado dinero. Alegó que hasta el momento no intervino de la justicia y el contrato sigue vigente, así como la decisión de Conajzar.
Esta situación evidencia el apoyo del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien incluso mantiene en sus cargos a los integrantes de dicha institución, a pesar de las críticas.
Otra firma “de maletín”
Conforme a la escritura pública, la compañía se creó con un capital de G. 2.000.000, distribuido en 50% entre las dos accionistas. A finales del año pasado, la empresa fue vendida a Pedro Ramón Ortíz Aldana y Alejandro Sebastián Ferreira Barrios, quienes adquirieron cada acción por el mismo valor las fundadores renunciaron a la firma. Aparece como director González y Florencio Ferreira Benítez y síndico, Antonio Rafael Ferreira.
En los primeros días de este año, 5 de enero, la nueva directiva decide emitir las 98 acciones restantes del capital, y que la remuneración anual de los integrante.
En pocos días, la empresa ya empezó a catastrar tragamonedas, según consta recibos que otorgó. Por cada máquina cobró G. 450.000, cifra que un jornal mínimo será destinado al Estado en concepto de canon.
Conforme al mismo documento, a una empresa catastró 6 máquina, cuando Conajzar establece la mitad de esa cifra como tope. Sólo en esta regulación de un local cobró G. 2.700.000.
Conflicto de intereses
Unas 19 máquinas tragamonedas incautadas por la municipalidad local están pendientes de un dictamen del Juzgado de Faltas, a cargo de Roque Paiva, para su destrucción. Las mismas fueron decomisadas por operar sin habilitación y no tributar al municipio, tal como establece el artículo 55 de la ley 620/76 que establece el Régimen Tributario para las Municipalidades. Estos aparatos electrónicos serían propiedad de iCrop SA, según confirmó una fuente de la Municipalidad.
Willian Amarilla, asesor jurídico de la administración del ex intendente Yd, recomendó no otorgar la habilitación a la firma Onex Group SA ya que su labor consiste en cobrar canon para la Conajzar, en cumplimiento de su Resolución N° 34/2020, y por este motivo lo consideró improcedente.
El problema planteado es que la firma Onex Group SA pretendió que se le habilite la operación de estas máquinas con un documento interno de Conajzar, sin cumplir con el pago de impuestos establecido en la Ley N°620/76, que fija competencia exclusiva a los municipios la habilitación y el cobro del tributo correspondiente.
La resolución de Conajzar regula un juego de azar, contemplado dentro de la ley 1016/97, artículo tres, donde define los “juegos electrónicos de azar” a los aparatos manuales o automáticos, eléctricos o electrónicos que habilitan el juego con monedas o fichas adquiridas, cuya habilitación corresponde a los municipios, y también el cobro de los impuestos. De acuerdo a lo manifestado por el ex intendente Yd, hace 20 días había pedido a la asesoría jurídica que solicite al Juzgado de Faltas la destrucción de las máquinas, las cuales se encuentran depositadas en una dependencia del Centro Cívico. “Pedí que se le pase encima una máquina aplanadora y trituren estos juegos, vamos a ver qué resuelve el jueza de faltas”, afirmó Yd.
El juez Paiva deberá resolver el destino de las máquinas, afirmó que el caso está “en etapa investigativa”, y todavía no se tomó una resolución sobre si será destruida o no.
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