El informe del Ministerio de Hacienda revela que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) solicitó una ampliación presupuestaria por G. 738,1 millones para pagar a dos funcionarios que se acogieron al retiro voluntario, lo que será cubierto con recursos generados por la entidad.
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La cartera en la fundamentación de los pedidos no hace mención al monto que percibirá cada funcionario, que varía de acuerdo al sueldo y años de antigüedad de cada funcionario, pero para tener una idea podrían llevarse más de G. 369 millones.
Este programa que se aplica en el Estado es blanco de criticas porque demanda millonarios recursos de los contribuyentes y no cumple con el objetivo que se estableció en principio, que fue la reducción de la cantidad de funcionarios.
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Los cargos públicos cada año se incrementan en el presupuesto y actualmente asciende a 312.496, en tanto el programa de retiro en su mayoría fue utilizado para que los funcionarios dejen la función pública con millonarias indemnizaciones poco antes de la jubilación.
El proyecto de ley de consolidación económica y de contención social planteado por el Ejecutivo suspende la implementación del retiro voluntario de los funcionarios, plan que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y está a consideración de la Cámara de Diputados para su estudio.
Dieta para concejal
La gobernación del Departamento de Itapúa, por su parte, pidió un aumento presupuestario de G. 377,3 millones para el pago retroactivo de dietas al concejal Gustavo Miranda, aunque sin mayores detalles.
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El paquete igualmente incluye al Instituto Nacional Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), que prevé una ampliación presupuestaria de G. 4.496 millones.
Según el informe, el pedido se fundamenta en que estos fondos serán destinados principalmente a transferencias al sector externo, viáticos, mantenimiento, asistencia a familias campesinas, entre otros gastos.
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Los pedidos de estas tres instituciones forman parte del paquete de ampliaciones presupuestarias que Hacienda puso a consideración del Congreso hasta el mes de julio por un monto total de más de G. 607.512 millones (US$ 88 millones al cambio vigente), que se financiarán con recursos provenientes de préstamos y los generados por las instituciones públicas por el servicio que prestan.