Conajzar oculta información pública sobre las empresas subcontratadas para “regularizar” tragamonedas

Alegando que es “información reservada”, Conajzar negó datos públicos sobre las personas físicas o jurídicas que son agentes regionales de iCrop SA, la “reguladora” de tragamonedas del país, pese a que como subcontratadas son representantes de dicha proveedora del Estado y hasta cobran canon a explotadores de estas máquinas. Varias comunas prohibieron que estas firmas operen en sus jurisdicciones.

Las máquinas tragamonedas que son explotadas en comercios diferentes a las salas exclusivas se encuentran en proceso de "regularización". Conajzar se niega a informar quiénes son todos los responsables de estas gestiones.
Las máquinas tragamonedas que son explotadas en comercios diferentes a las salas exclusivas se encuentran en proceso de "regularización". Conajzar se niega a informar quiénes son todos los responsables de estas gestiones.

A través del Portal de Acceso a la Información Pública (expediente 44.452), ABC intentó conocer cuáles son las representantes de iCrop SA a nivel país, pero el presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), José Antonio Ortíz Báez, alegó que “constituye un acuerdo comercial entre el concesionario y el agenciero y es de información reservada de las partes”.

Agregó que dicho acuerdo constituye “un contrato celebrado” y que está clasificado entre los “acuerdos de derecho privado celebrado entre los mismos”, evitando reconocer que la “legalización” de las tragamonedas que realizan las firmas lo hacen en representación del Estado.

De esta manera, la ciudadanía en general y los negocios que explotan las tragamonedas en particular no saben cuáles son las personas físicas o jurídicas que trabajan con iCrop, cuyo gerente general es Ariel Peña Flores, para el censo, catastro de las máquinas. Es decir, puede presentarse cualquier empresa en nombre de iCrop a sus locales y cobrarles canon y estos no sabrán si realmente se trata de una “agencia”.

Conajzar contrató de forma directa a la empresa de referencia, sin concurso ni licitación, y le autorizó la posibilidad de censar, catastrar y explotar las tragamonedas con la Resolución N° 34/2020. El documento está firmado por miembros de la Conajzar y representantes de distintas instituciones: De la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), Carmen Corina Alonso; de municipalidades, Ricardo Núñez Giménez; gobernaciones, Rubén Antonio Roussillón; Ministerio del Interior, Omar Mongelós, además de Ortíz.

En el citado documento, cuestionado jurídica y administrativamente, la comisión dispuso en el artículo 6 que la firma tiene la posibilidad de establecer agencias regionales y luego, en el Anexo A (reglamento), en el artículo 7, determina que para desarrollar sus actividades y fijar esas oficinas, puede suscribir acuerdos comerciales con terceros, ya sean personas físicas o jurídicas, “para un número determinado de máquinas, sin que implique una modificación del contrato”. El Estado responsabiliza a la concesionaria del cumplimiento de toda la normativa.

Nuestro diario también recurrió a iCrop SA para intentar tener el lisado de las famosas agencias, pero la firma tampoco proporcionó la información, argumentando que es “confidencial”. Incluso, en su página web sólo reporta las ciudades en las que desarrolla sus actividades.

Una “impostora” que tiene nexo con iCrop

Una de las compañías que se presentó en locales con tragamonedas como “representante exclusiva de iCrop en Luque” es la empresa “Eveza SRL”, sobre la que no se encuentran registros privado ni público de su existencia y al parecer ni siquiera tiene RUC. Al respecto, la concesionaria aseguró que se trata de una “impostora”. Pero a pesar de este antecedente, se rehúsa a dar la lista oficial de “agencias” de modo a que la gente sepa cuando hay alguna “impostora”.

Sin embargo, iCrop sí tiene conexión con la “impostora”, según ya había confirmado nuestro diario.

De hecho, en una máquina “catastrada” por Eveza pegaron una calcomanía de la firma en la que aparece María Mercedes Zarza Delvalle como “agente oficial” de iCrop SA. Ella fue acreditada como representante de forma individual y también como parte de la empresa “Grupo Mercantil SA”, conforme a datos que accedió ABC.

Zarza es la esposa de Ariel Vera, de Grupo Mercantil SA, también agente de iCrop. El propio Ariel Peña, gerente de la “reguladora”, había reconocidio que trabaja con Ariel Vera y con el hermano de este, Cristhiant Vera, expresidente de Conajzar, quien es su “asesor jurídico”. Con esto, se confirmó la vinculación.

Aparecen políticos

Pero también aparecen políticos involucrados con iCrop. Se estima que no quieren revelar el listado para ocultar las identidades de las personas que están detrás de la “legalización” de máquinas que son utilizadas en bares, despensas y otros comercios del país. En Encarnación, por ejemplo, se detectó que la firma Onex Group SA, de Alejandro Ferreira, tiene como directivo al político colorado, Jorge González, quien milita en el Movimiento Colorado Añetete.

En Ybycuí, también una “agencia” de iCrop está directamente relacionada a una autoridad municipal. Juan Arnaldo Escobar Franco, hijo del concejal municipal del mismo nombre -Juan Escobar-, es el agente de iCrop y su local funciona en la misma casa del edil

Disputa con las municipalidades

Municipalidades de San Lorenzo, Capiatá y Asunción prohibieron mediante resoluciones que la empresa dirigida por Peña y sus subcontratadas “regularicen” tragamonedas en sus jurisdicciones, ya que atropellan la autonomía municipal y la explotación de esas máquinas está prohibida por ley N° 1.016/97 de Juegos de Azar. La comuna capitalina incluso presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte contra la resolución de Conajzar que autorizó el contrato directo de iCrop.

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