El Senado modificó el proyecto remitido por la Cámara de Diputados que daba la atribución de fijar los precios de los medicamentos a una Comisión Interinstitucional creada para el efecto.
Los senadores decidieron que dicha atribución sea para la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) y que la Comisión Interinstitucional, con mayoría de representantes del sector público tenga un carácter solamente consultivo.
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El proyecto aprobado establece que los precios de medicamentos se deberán actualizar periódicamente, tanto para la suba de precios máximos como para su reducción, conforme a los criterios definidos en la reglamentación de la ley.
La Dinavisa, según el proyecto, deberá fijar los precios a través de coeficientes diferenciados según correspondan a productos fabricados localmente, importados a granel o terminados y teniendo en cuenta una comparación de precios de venta al público en otros países, cuando corresponda.
Se utilizarán coeficientes preferenciales para los medicamentos genéricos calificados como esenciales y para otros medicamentos considerados de alto costo y con reducida competencia en el mercado nacional, facilitando así su acceso a la población.
Asimismo, Dinavisa deberá controlar que los precios fijados sean uniformes en toda la República y que sean aplicados en las farmacias abiertas al público en general, así como en farmacias de clínicas, policlínicas, ambulatorios, sanatorios y hospitales y otros servicios similares de atención de pacientes en el sector privado.
Durante el debate, algunos senadores advirtieron que en realidad la mayoría de las atribuciones que este proyecto le dan a la Dinavisa ya están vigentes en la Ley 6788/21, recientemente promulgada por el Poder Ejecutivo.
Esta situación fue advertida por el senador colorado cartista y ex ministro de Salud durante el Gobierno de Horacio Cartes, Antonio Barrios, quien planteó rechazar la propuesta legislativa.
Sin embargo, la mayoría prefirió aprobar las modificaciones, que agregaban algunos detalles, por la eventualidad de que la Cámara de Diputados se ratificase en su propuesta que colisionaba con la Ley 6788/21 vigente.