Comunidad ache apoya proyecto de ley contra invasión

En el comunicado, los ache recuerdan que el 9 de octubre de 2003 habían presentado un pedido de ampliación de tierras en el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), solicitando la compra de 6.200 hectáreas de tierras ancestrales adyacentes a su comunidad en Alto Paraná.

Lea más: Cooperativa apoya incremento de pena a invasión de tierras

Al respecto, afirman que hasta el momento, la comunidad no ha realizado ningún tipo de invasión ni manifestación en reclamo a ese pedido, esperando que el Estado paraguayo cumpla con el deber histórico de reivindicarlos en su derecho a la propiedad.

“De esa manera coincidimos en la importancia de que las leyes protejan nuestro derecho a la propiedad y que sean aplicadas sin discriminación, de acuerdo con la Constitución y los acuerdos internacionales”, señalan.

Afirmaron que rechazan todo tipo de conducta contraria al cumplimiento de las leyes, como la invasión a la propiedad privada, por lo que alegan que si el aumento de la pena por invasión ayudará a combatir dicho flagelo, están a favor porque ven que también servirá para proteger sus propiedades.

Lea más: Presentan proyecto de ley que pretende tipificar como crímenes a las invasiones

Por esto solicitan una aclaración sobre el alcance de dicha modificación en cuanto a su efecto respecto a los derechos de los indígenas.

Finalmente, reiteraron su apoyo “siempre y cuando no afecte a los derechos de los indígenas, ya que las mismas están regidas por el proceso de consulta previa, libre e informada. Estamos a disposición de los señores senadores para compartir nuestra visión de la realidad indígena y nuestra experiencia”, afirmaron.

A inicios de agosto, los congresistas Enrique Riera, Fidel Zavala, Fernando Silva Facetti, Enrique Bacchetta, Georgia Arrúa, Stephan Rasmussen y Patrick Kemper presentaron al Senado un proyecto de ley “que modifica el artículo 142 del Código Penal, con la intención de incrementar la pena, específicamente, para el hecho punible de la “invasión de inmueble ajeno”, elevando la condena privativa de libertad hasta seis años, y en caso de que se produzca daño patrimonial, que la pena llegue hasta 10 años de cárcel.