Integrante de Conajzar cambia de postura según el Gobierno de turno

El representante de municipalidades en la Conajzar, Ricardo Núñez Giménez, había firmado un compromiso para erradicar el uso de tragamonedas en sitios prohibidos por ley, durante el Gobierno de Horacio Cartes. Ahora, bajo el mandato de Mario Abdo Benítez, firmó el contrato que “legaliza” la explotación de dichas máquinas en esos lugares, que exponen a los menores de edad a la ludopatía, según confirmó la Contraloría.

Hace siete años, Conajzar firmó un convenio para proteger a los niños y adolescentes de los juegos de azar. Hoy, la misma comisión pisotea sus normativas y "legaliza" la explotación de tragamonedas.
Hace siete años, Conajzar firmó un convenio para proteger a los niños y adolescentes de los juegos de azar. Hoy, la misma comisión pisotea sus normativas y "legaliza" la explotación de tragamonedas.

El 4 de noviembre de 2013, bajo el mandato de Horacio Cartes, las autoridades de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia y la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) firmaron un convenio para la prevención y erradicación del trabajo infantil y adolescente en los juegos de azar y de su participación como apostadores, especialmente en tragamonedas. Hoy, siete años después y en el Gobierno de Mario Abdo Benítez, este acuerdo es pisoteado con el contrato directo que firmó Conajzar, presidida por José Antonio Ortiz Báez, con iCrop SA, representada por Ariel Peña Flores, que “legaliza” la explotación de esa máquinas en sitios que están prohibidos y expone a los menores a caer en la ludopatía, según confirmó la Contraloría General de la República (CGR).

Entre los integrantes de la Comisión, durante el gobierno de Cartes y permanece hasta hoy, se encuentra el representante de las municipalidades, Ricardo Núñez Giménez. Misma persona pero actuación opuesta; pues en ese entonces, Núñez había destacado que la explotación de tragamonedas en sitios prohibidos por ley estaba encaminada a convertirse en “una epidemia sin fin”, según se observa en el archivo de ABC TV que está disponible en la web.

El representante por Opaci, quien es hermano del diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR-cartista), había destacado la importancia de proteger a los niños y adolescentes del peligro de caer en la ludopatía. “Nuestro compromiso como Opaci va a ser trabajar con los intendentes del país”, había dicho.

En ese año, los demás miembros de la Conajzar eran: Por las gobernaciones, Justo Zacarías Irún, hoy diputado; Fernando Mendoza, de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben); Jorge Capello, por el Ministerio del Interior, de Hacienda y como presidente estaba Javier Balbuena, quien actualmente se desempeña como asesor de empresas de juegos de azar. Hoy se encuentran Rubén Antonio Roussillón Blaires, Carmen Corina Alonso y Omar Rodrigo Mongelós González, hermano del titular de Sinafocal, y Alfredo Mongelos (jefe de campaña de ANR- Lambaré).

Violación a normativas vigentes

En conversación con ABC, Balbuena resaltó como aspecto llamativo el cambio de política de Estado referente a la regulación de juegos de azar y en particular, las apuestas con las tragamonedas.

Recordó que el citado convenio fue la base para la redacción del Decreto N° 3.083/15, documento vinculado con las resoluciones N° 36 y 42 de Conajzar, que establecen los parámetros y el control de explotación de esas máquinas. “La comisión reglamentó la prohibición expresa de juegos de azar en la vía pública o en lugares de acceso a los menores, que toda sala debe tener un cartel que indique la prohibición de niños y adolescentes, y que sean en recintos cerrados, detallando cómo deben ser los mismos, tal como lo es en otros países”, manifestó.

Agregó que con el contrato entre Conajzar y iCrop se violaron normativas vigentes. “Se destruyó toda la política de Estado que se generó en un trabajo institucional muy comprometido con el cumplimiento de normas legales vigentes”, destacó.

Califican de ilegal

La Contraloría tuvo en cuenta la normativa vigente y recientemente dictaminó como ilegal la explotación de tragamonedas en sitios prohibidos. Sobre el contrato entre iCrop y Conajzar, advirtió que el Estado delegó atribuciones a una firma privada y la falta de control de exposición a los pequeños a jugar a las máquinas electrónicas, y el peligro de que caigan en la ludopatía.

Pese a esta postura contundente de severas irregularidades, el contrato se mantiene vigente y los actuales miembros de Conajzar siguen en sus puestos.

Denuncia de senadores, sin fiscal

Este miércoles 8 de setiembre se cumplen dos semanas de que los senadores Esperanza Martínez, Jorge Querey y Enrique Bacchetta presentaron una denuncia en contra las autoridades de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Ortiz. Pese a que el documento fue presentado por las autoridades del Poder Legislativo en persona, hasta el momento, no se reporta un fiscal designado para la investigación.

El senador Baccheta confirmó a nuestro diario que no se reportan novedades de la carpeta planteada. ABC también intentó conocer detalles del caso a través de la Dirección de Comunicación de dicha institución, pero no se obtuvo respuesta a pesar de las insistencias.

El legislador lamentó la falta de interés de parte de Sandra Quiñonez, fiscala general, por aclarar lo planteado. “Es muy mala señal”, opinó. Añadió que las irregularidades denunciadas por la prensa, confirmadas por Contraloría y la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y sumadas a la falta de sanciones a los responsables de todas las anomalías descubiertas, confirman la impunidad reinante, tanto en el ámbito de la Justicia como de Conajzar.

“Creo que Ortiz debería ser imputado por lesión de confianza y destituido por el presidente Mario Abdo Benítez”, dijo.

Los senadores cuestionan a Conajzar por la adjudicación de la explotación de la quiniela a la firma TDP SA, del expresidente Juan Carlos Wasmosy, a pesar de ser moroso del fisco; el contrato directo a la empresa iCrop SA, representada por Ariel Peña, para la “regularización” de tragamonedas en sitios prohibidos por la Ley N° 1016/97 de Juegos de Azar y la reducción del canon de forma ilegal durante la pandemia, pues no hubo ley que lo autorice ni tampoco un decreto.

Estos tres hechos motivaron la interpelación de Ortiz, decidida el 28 de julio último por la Cámara Ala. Se planifica tratar este jueves 9 de setiembre el voto censura, por segunda vez. La ocasión anterior, hace dos semanas, la sesión quedó sin quorum.

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