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El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) Rodrigo Estigarribia indicó que el Ministerio Público ya recibió los informes de auditorías del Poder Ejecutivo y de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), que determinan las irregularidades en la gestión del gobernador Hugo Javier González. Sin embargo, se siguen aguardando las conclusiones finales que va a emitir la Contraloría General de la República que podría entregarse a fines de setiembre, y de la misma pericia encargada a profesionales del Ministerio Público, cuyos resultados servirán para contrastar los informes sobre las construcciones de obras que podrían ser “fantasmas”, en algunos casos, o bien, podrían haber sido sobrefacturadas, a través de documentos apócrifos.
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Si bien Estigarribia reconoció que el informe de Contraloría no es vinculante, dijo que no es menos cierto que la conclusión que emita el órgano contralor, es por demás importante para tener en cuenta a la hora de tomar determinaciones por parte del Ministerio Público.
El agente del Ministerio Público indicó que son 14 las obras sobre las cuales se están investigando como la ciclovía, desagües fluviales, asfaltados, construcción de baños, construcción de local de Bomberos Voluntarios, e incluso una obra en el mismo local de la Gobernación de Central. Precisó que por ello las conclusiones a que lleguen los profesionales peritos sobre las obras, será de vital importancia para determinar las responsabilidades.
Estigarribia asimismo dijo que ya tomaron más de 10 audiencias, entre testificales e indagatorias, en las que están incluidos extranjeros supuestos proveedores de la Gobernación de Central. “Hay elementos contundentes de sospechas y fueron aportados importantes datos proporcionados a la Fiscalía”, refirió.
El fiscal indicó que Incluso ya declaró el contador que quedó con el RUC de una bodega, negocio que fue utilizado para justificar su servicio como “proveedor” de la Gobernación. Además, se habrían realizado supuestos “estudios de impacto ambiental” que no se habrían realizado, pero fueron pagados sumas que superan los G. 100 millones.
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Los hechos punibles
Los presuntos hechos punibles que se habrían perpetrado con las maniobras en la Gobernación de Central, podrían ser las de producción de documentos no auténticos (en la modalidad de uso), lesión de confianza y declaración falsa. Empero, no se descarta que puedan ser incluidos otros delitos, conforme vayan surgiendo de las investigaciones, que van llegando a su culminación.
Antecedentes
La causa investigada por el Ministerio Público tiene que ver con una transferencia de US$ 1.000.000 que realizó el año pasado el Poder Ejecutivo a la Gobernación de Central, para utilizarlo contra la pandemia.
La Gobernación de Central al recibir los US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones) repartió el dinero rápidamente a dos entidades “sin fines de lucro”, como el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por Tadeo Álvarez Cristaldo, que recibió G. 5.105 millones para la realización de obras de infraestructura, así como también al Consejo Regional de Salud, presidido por el doctor Hugo Cabrera, que recibió G. 1.276 millones.