La Dimabel ni siquiera registra las armas que llegan a su depósito

La Dirección de Material Bélico (Dimabel) no cuenta con un registro de las armas incautadas y remitidas a su depósito por el Ministerio Público. Esto permitiría que sean facilitadas al crimen organizado, según constataron en un allanamiento hecho ayer los fiscales Alicia Sapriza y Marcelo Pecci, tras la desaparición de un lote de pistolas y fusiles confiscado al Comando Vermelho en 2018.

El Ministerio Público y la Policía Nacional allanaron este martes, la Dirección de Material Bélico de la Fuerza Armada (Dimabel), en Asunción.
El Ministerio Público y la Policía Nacional allanaron este martes, la Dirección de Material Bélico de la Fuerza Armada (Dimabel), en Asunción.Osvaldo Caceres

Los fiscales de la unidad de Crimen Organizado, Alicia Sapriza y Marcelo Pecci, allanaron el depósito fiscal de la Dimabel, ante la desaparición de parte de un lote de armas de fuego consistente en 15 pistolas y siete fusiles que fue incautado en octubre de 2018 y el cual ya debió haber sido destruido por los funcionarios de la citada institución castrense.

El 4 de octubre de 2018, en el barrio San Vicente de Asunción fueron detenidos los brasileños -que cumplen penas en su país- integrantes del Comando Vermelho: Juarez Italo Paiva Filho, Alan Neves da Conceição, Thiago Lucas Gonçalves, Wanderson Ferreira de Paula Silva y Marisa de Souza Penna, pareja de Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, alias Piloto, líder de la citada facción criminal.

En tanto que de forma simultánea, ese mismo día, fue detenido el paraguayo Luis Roberto Gómez Gaona, en el barrio Santa Lucía de Lambaré, donde se encontraron las 15 pistolas Glock y los siete fusiles, con los que pretendían rescatar a Marcelo Piloto, que posteriormente asesinó a puñaladas con un cuchillo romo a una mujer de 18 años, en la Agrupación Especializada, en noviembre de 2018.

Esas mismas armas incautadas fueron remitidas por el Ministerio Público al depósito de la Dimabel. En 2019 se hizo una verificación in situ por parte del juzgado que tenía a su cargo la causa de Luis Roberto Gómez y en esa oportunidad se constató que las armas aparentemente estaban completas, según indicó Sapriza.

Sin embargo, con el allanamiento de ayer, “constatamos que de ese mismo lote estarían faltando algunas armas. En total siete pistolas Glock”, expuso la fiscala Alicia Sapriza.

Arma estaba en manos de delincuente

El pasado 25 de marzo de este año los fiscales de la Unidad Especializada en Crimen Organizado capturaron en Luque a Freddy Esteban González Núñez, quien intentó evitar su detención efectuando disparos con una pistola Glock calibre 9mm que fue incautada y, tras ser peritada se constató que la misma pertenecía al lote de las 15 armas incautadas en 2018 y que en teoría ya debieron haber sido destruidas por la Dimabel.

Es más, González también fue uno de los hombres que participó del rescate del capo narco Jorge Teófilo Samudio, alias Samura, el 11 de setiembre de 2019, ocasión en la cual también perdió la vida el comisario Félix Antonio Ferrrari Yudis.

Esa misma pistola utilizada por Fredy González ya estaba modificada en su mecanismo de disparo, según se confirmó a través del análisis de Criminalística hecho por la Policía Nacional. Sin embargo, el allanamiento se realizó siete meses después de la captura de González, porque los fiscales prefirieron contar primero con las documentaciones judiciales y administrativas, explicó Sapriza.

Dimabel no tiene registros

Sobre el operativo de ayer “la situación fue que constatamos que faltarían pistolas de ese lote (incautado en 2018), específicamente 7 a 8 pistolas que faltarían. Sobre las armas largas, los fusiles, estarían sin accesorios, algunos inutilizados puesto que le faltaría todo el mecanismo de disparo”, señaló la fiscala.

Ahora queda a cargo del departamento de Criminalística de la Policía verificar si dicho lote incautado ayer corresponde al mismo que fue analizado ya en 2018.

Sapriza manifestó su preocupación ante el hecho de “la falta de documentación -en Dimabel- al momento de la entrega o recepción de las armas, para un control más efectivo”. A esto hay que agregar que, “ninguna cámara funcionaba, ni dentro ni fuera del depósito”.

En otro momento cuestionó que la “Dimabel no pudo entregar ningún documento que justifique el faltante de las armas y, obviamente no pudo justificar cómo es que un arma que debió estar en su depósito aparece en marzo de este año en poder de una persona procesada por un caso de la fuga de Samura”.

Ante la consulta de si la institución cuenta con algún cuaderno por lo menos donde anota las armas ingresadas a su depósito, la fiscala Alicia Sapriza respondió que “no tienen ni siquiera eso” y que “no individualizan las armas por número de causa” dentro de su depósito.

Puntualizó también que “ya tenemos un informe preliminar de la Dimabel, que en reiteradas ocasiones le habíamos solicitado que nos envíen las documentaciones que hacen a los registros y nos respondieron que no tienen respaldo documentológico sobre algunas de ellas. Este es otro inconveniente grave con el que nos encontramos”.

En tal sentido enfatizó en que la “Dimabel, como entidad contralor y rectora en cuanto a la ley de armas, debería tener un sistema actualizado que nos de una garantía de tener los elementos probatorios requeridos”, pero sucede todo lo contrario.

En su turno el fiscal Marcelo Pecci señaló que hechos como los constatados ayer, son preocupantes y que “el crimen organizado tiene gente infiltrada en todas las instituciones, eso debemos entender. Hay muy buenos funcionarios estatales de Dimabel pero lamentablemente tenemos sospechas de que otros no lo son”.

En este marco es que surgen las hipótesis del negociado con las armas entre funcionarios de la Dimabel y miembros del bandas del crimen organizado, o bien, un caso de robo de las armas y partes de estas.

Ahora mismo hay una causa abierta relacionada a la desaparición de dichas armas, pero también hay posibilidad de abrir otras causas que deriven de esta, según los casos.

Destrucción antes de los tres años

Las armas que fueron incautadas y comisadas posteriormente debieron haber sido destruidas. Esto se debe a que, dentro del comiso, si eran armas con números de serie “limpios” podían ser donadas y empleadas por las fuerzas públicas, pero al tener numeraciones adulteradas, deben ser destruidas según establece la propia Ley N° 4036/2010.

El fiscal Marcelo Pecci señaló en ese contexto “nuestra ley (4036/10) establece de manera enfática que las armas deben ser destruidas, en la ley de armas se establece donde Dimabel debe proceder a la destrucción”.

Añadió que “si bien el sistema de persecución cuenta con la Ley 4036, la misma no está reglamentada. Visto aisladamente, que no este reglamentada es una cuestión administrativa, pero tiene un impacto directo en la persecución penal porque con la citada norma reglamentada se podrían puntualizar más los deberes y obligaciones”.

La citada legislación en su artículo 93 establece: “Destrucción de materiales sujetos a procesos judiciales. Las armas de fuego, municiones, explosivos, sus accesorios y afines sujetos a un proceso judicial serán destruidas por la Dirección de Material Bélico (DIMABEL) en un plazo no mayor a los tres años, desde la fecha de su ingreso en los depósitos habilitados en el local de la autoridad competente, de conformidad a esta Ley. Si algunos de estos materiales referidos precedentemente se encontraren en situación de extrema peligrosidad podrán ser destruidos por la Dirección de Material Bélico (DIMABEL) antes de los tres años”.

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