Colorados dilatan intervención de la Gobernación de Central

AREGUÁ. Hoy ocho concejales departamentales de la bancada liberal presentaron a la Junta Departamental de Central el pedido de intervención de la administración de Hugo Javier González (cartista), pero los colorados lograron dilatar el debate hasta el lunes próximo. Lo solicitado obedece al despilfarro del fondo de emergencia sanitaria por covid-19, de G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) que el Ejecutivo otorgó a la institución en diciembre pasado.

Sala de sesiones de la Junta Departamental de Central.
Sala de sesiones de la Junta Departamental de Central.Gladys Villalba Jara, ABC Color

Los concejales liberales Adrián “Billy” Vaesken, Roque Ávalos, Daniel Ferreira, Laura Moreira, Derlis Larroza, Benita Jara, Dilio Ortíz, y Atilio López, fueron los firmantes del pedido de intervención presentado ante la Junta Departamental, esta mañana.

El edil Ávalos propuso que el pedido sea tratado sobre tablas, pero se necesitaba 14 votos a favor de un total de 21. Por la bancada colorada el concejal Crispín Vallejos presentó la moción de que el pedido sea enviado a comisión “para su mejor estudio”. Para dilatar el proceso, los colorados Derlis Maciel, Alejandro Núñez, María Sixta Estigarribia, Enrique Ojeda, Emilse Bobadilla, Crispín Vallejos, Walter Maciel, Jadiyi Ibarrola y Óscar Delvalle, votaron para que el plan sea girado a la comisión, organismo que dentro de 48 horas deberá emitir el dictamen.

Sorpresivamente, el presidente de la Junta Departamental el liberal Mario Aguilera, así como el edil Miguel Villagra del Partido Patria Querida y el colorado Gustavo Machuca, quién se lo vio últimamente acompañando al gobernador en actos protocolares, votaron a favor del tratamiento sobre tablas del pedido de intervención. Sumaron 12 votos, aunque no fue suficiente, los concejales Adrián “Billy” Vaesken, Roque Ávalos, Daniel Ferreira, Laura Moreira, Derlis Larroza, Jorge Rolón, Benita Jara, Dilio Ortíz, y Atilio López.

Entonces, Aguilera, convocó a una sesión extraordinaria para este lunes a partir de las 12:00. La intervención es inminente ya que los 12 ediles afirmaron que volverán a votar favorablemente, logrando de esta manera la mayoría simple que se necesita.

En julio pasado, los mismos concejales liberales mencionados más arriba ya habían presentado el mismo pedido sobre el festín de G. 6.382 millones del fondo de emergencia sanitaria por covid-19, pero en la ocasión, todos ediles colorados y el liberal Mario Aguilera, habían salvado al gobernador Hugo Javier.

La imputación fiscal que tuvo lugar el lunes 1 de noviembre por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal contra el gobernador Hugo Javier González y otras 14 personas de su entorno, fue el detonante para plantear nuevamente la intervención de la institución departamental.

Imputados

Además del gobernador de Central Hugo Javier, también fueron imputados el director general de Administración y Finanzas de la Gobernación, Javier Marcelo Rojas Giménez; el presidente de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo; el tesorero de la Fundación CIAP, Paulino De los Santos Palacios Recalde, Nicolás Eduardo Emanuel Álvarez Doria, síndico actual de CIAP, además de varios subalternos del gobernador, tales como la secretaria general de la Gobernación, Lourdes Verónica Lezcano Decoud.

Así como el secretario de Obras Públicas, Armando Adolfo Soler Espínola; el exjefe de Tesorería, Luis Eduardo Allende Araújo; el asesor jurídico, Édgar José Zaracho Quintana; el jefe del Departamento de Presupuesto, Guido Rolando Portillo Torres; Modesta Valiente Escobar, funcionaria de la Dirección de Administración y Finanzas, y el exjefe del Departamento de Fiscalización de Obras, Adalberto Benítez Aguilera y los contratistas Óscar Morel Oses, José Félix Grau Fernández y Óscar Laureano Gaete Gómez.

Los hechos

El Ejecutivo otorgó en diciembre de 2020 a la Gobernación de Central, G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) del fondo de emergencia sanitaria por covid-19, para la reactivación económica en el Departamento Central durante la pandemia.

Hugo Javier ya había gestado como repartiría el dinero y apenas recibió el desembolso, repartió todo el dinero a dos organizaciones sin fines de lucro. La fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por Tadeo Álvarez (imputado), recibió G. 5.105 millones y el Consejo Regional de Salud, presidido por Hugo Cabrera, recibió G. 1.276 millones.

En las rendiciones de cuentas aparecen facturas clonadas, obras que fueron pagadas con otros fondos, pago de salarios anteriores al desembolso, facturas a crédito sin recibo de dinero, facturas con fechas anteriores a la transferencia del fondo de emergencia, entre otras groseras irregularidades.

Los primeros denunciantes de las facturas clonadas fueron los ediles Adrián “Billy” Vaesken y Roque Ávalos. La Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) investigaron de oficio el caso y tras hallar senda de irregularidades denunciaron el caso ante el Ministerio Público.

La Contraloría General de la República (CGR) realizó una auditoría que aún no culmina a cinco meses del escándalo, apenas emitió un informe preliminar para descargo hace tres semanas donde no se mencionan varios hechos graves.

Finalmente, los fiscales del caso Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Luis Said, decidieron imputar a los mencionados más arriba tras los claros indicios de innumerables irregularidades cometidas con el fondo de emergencia sanitaria.

Otra denuncia penal

En el pedido de intervención los solicitantes también mencionan la otra denuncia penal que pesa contra el gobernador de Central, por la falta de documentación que respalden la transferencia y el uso de más de G. 18.300 millones que la Gobernación otorgó a varias organizaciones sin fines de lucro. Entre las mismas vuelve a aparecer CIAP, que recibió 17 cheques con fechas consecutivas, hecho que viola varias normativas legales vigentes. El monto recibido por la ONG, solo en 2019 fue de G. 6.323 millones. En esta causa aún no fue designado el fiscal que investigará los hechos.

Enlance copiado

Lo
más leído
del día

01
02
03
04
05

Comentarios

Las opiniones y puntos de vista expresados en los comentarios son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten y no deberán atribuirse a ABC, ya que no son de autoría ni responsabilidad de ABC ni de su Dirección ni de Editorial Azeta S.A.