Entre las principales modificaciones propuestas en el texto figura la inclusión entre los condenables a personas que realicen labores “ad honorem” para municipalidades.

Para el delito de lesión de confianza se plantea elevar incluso hasta 15 años la expectativa de cárcel, cuando el hecho sea cometido por un funcionario en ejercicio del cargo. Actualmente el límite de la pena es de 10 años.

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Para casos de coima (cohecho pasivo) proponen elevar el límite de la sanción de 3 años a 8 años. El máximo es de 6 años de cárcel para el caso en que los protagonistas sean jueces. También se elimina la posibilidad de evitar la cárcel con el pago de una multa.

Para casos de soborno agravado, la pena de prisión puede llegar hasta los 15 años. Ahora es de apenas 10 años en los casos graves.

En dicho delito, también se hace un énfasis especial en que en el caso de que el infractor sea un funcionario electo por voto popular, la sanción también podrá llegar a los 15 años de privación de libertad. Finalmente, en el planteamiento se busca además castigar al que paga la coima y no solo al que la recibe. Para esos casos proponen penas de entre 2 y 8 años de cárcel.