Desde Jugadores Anónimos piden consciencia sobre nueva regulación de juegos de azar

Líderes del grupo de Jugadores Anónimos (JA) piden a los legisladores consciencia ante la pretensión de una nueva regulación de juegos de azar, dos proyectos se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados. Lamentan que no se tenga en cuenta la salud de los apostadores.

El grupo de Jugadores Anónimos (JA) está integrado por voluntarios y funciona "a pulmón". Salud Pública no dispone de programa ni estadísticas referente a adictos a las apuestas.
El grupo de Jugadores Anónimos (JA) está integrado por voluntarios y funciona "a pulmón". Salud Pública no dispone de programa ni estadísticas referente a adictos a las apuestas.SILVIO ROJAS

En la Cámara de Diputados se encuentran dos propuestas para actualizar la regulación existente de los juegos de azar. Una de ellas es de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Antonio Ortiz Báez, y la otra corresponde a la iniciativa parlamentaria que se elaboró con la colaboración de Javier Balbuena, extitular de Conajzar y actual asesor de las empresas del sector. Ambas propuestas fueron “desempolvadas” frente a la iniciativa que pretende prohibir el uso de tragamonedas en sitios de libre acceso, iniciativa del Senado y aprobada con modificaciones en Diputados y que nuevamente se encuentra en la Cámara Alta para su tratamiento.

Los empresarios del rubro coincidieron en rechazar la propuesta del titular de Conajzar. Consideraron que es desordenada y, principalmente, criticaron que centraliza la regulación. Además, señalaron que genera desconfianza que la propuesta de una nueva legislación provenga de la misma persona que viola la ley vigente con relación a la explotación de tragamonedas con la Resolución N° 34/2020.

Al respecto, uno de los líderes de Jugadores Anónimos (JA), identificado como Ramón, apeló a la consciencia de los legisladores que tiene a su cargo analizar la propuesta de Ortiz, sobre todo lo vinculado a la prevención de caer en la adicción a las apuestas (ludopatía).

“Sobre todo el Congreso, que haga lo que tiene lo que hacer desde el punto de vista de prevención para que esto no sea un cáncer de la sociedad”, dijo. Detalló que la ludopatía es una enfermedad del orden mental, físico y espiritual, y que las consecuencias son impredecibles cuando la gente ya piensa que apostando puede cubrir sus cuentas, pagar deudas y que además es posible juntar algunos billetes que eventualmente le pueda servir de colchón para los gastos, a lo que calificó que todo eso es apenas una ilusión, nunca es realidad.

“Cualquier juego en donde este expuesto el azar ya es un detonante para que las personas puedan caer en la ilusión que con las apuestas pueden solucionar sus problemas económicos. Es absolutamente irreal e imposible lograr”, aseveró. Recalcó que las autoridades tienen la obligación de precautelar la salud de toda la población del país.

Conajzar en silencio

El presidente de Conajzar se comprometió a brindar una entrevista para brindar todas las declaraciones necesarias de temas de interés público, en medio de la discusión del proyecto de ley de regulación de juegos de azar. Sin embargo, 72 horas después de esas declaraciones, no brinda una respuesta a ABC ni confirma el horario para acudir a su convocatoria de entrevista.

El silencio se debería a que se hizo público que uno de los proyectos de ley que se encuentra en el Congreso es suyo, ya que el viernes pasado aseguró que sólo dio su parecer a la “iniciativa parlamentaria”. Se trata de la misma propuesta que había detallado ante sus colegas de otros países en el Seminario de Tecnología al Servicio de las Loterías, actividad desarrollada en Medellín (Colombia), organizada por la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (Cibelae).

La última vez que conversó con el equipo periodístico de ABC fue en la sala de reuniones de nuestra redacción, ocasión que entre lágrimas evitó ahondar detalles del tratamiento del voto censura a su gestión, a fines de agosto, en el Senado.

Ortiz es cuestionado por adjudicar la quiniela a una empresa morosa del fisco y además de “legalizar” el uso de tragamonedas en despensas, kioscos, bodegas, bares y otros comercios de libre acceso, que están prohibidos por la Ley N° 1016/97 y el Decreto N° 3083/15 con el supuesto objetivo de “proteger a los niños y adolescentes de caer en la adicción a las apuestas”, un negocio con una expectativa de recaudación de US$ 2,1 millones mensuales y de los cuales US$ 1,5 millones quedan en el sector privado, sin criterios técnicos ni financieros que lo justifiquen. El Senado sospecha que se trata de la creación de una estructura para obtención de recursos ilícitos y lavado de dinero.

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