Plantearán más medidas a la fiscala general por recorte al Ministerio Público

Medidas radicales plantearán mañana los funcionarios del Ministerio Público, aglutinados en el Frente Unido, durante una reunión que mantendrán con la fiscala general Sandra Quiñónez, ante la decisión del Congreso de recortar G. 22.000 millones al presupuesto de la institución. Amenazan con dejar sin cobertura las festividades de Caacupé, con plantear el cese del comisionamiento de unos 200 funcionarios a otras instituciones y lo más llamativo, hasta intervenir de cierta forma en las causas tramitadas en la Unidad de Anticorrupción.

Funcionarios del Ministerio Público en una de sus movilizaciones realizadas a lo largo del último mes.
Funcionarios del Ministerio Público en una de sus movilizaciones realizadas a lo largo del último mes.Gentileza

El Frente Unido, conformado por funcionarios, contratados, nombrados, empleados, trabajadores, peritos, médicos forenses, psicólogos forenses, funcionarios técnicos, auxiliares, trabajadores sociales y agentes se reunirán mañana a las 10:00 con Sandra Quiñónez, en la sede de la Fiscalía General del Estado, para plantear inquietudes y nuevas medidas a tomar.

Para dicha reunión también se tiene previsto elevar varios pedidos y uno de ellos tiene que ver con las festividades de la Virgen de Caacupé. En ese contexto la medida propuesta sería no cubrir los servicios que año tras año vienen llevando a cabo antes y durante la fiesta mariana que se celebra el 8 de diciembre.

“La función del Ministerio Público es de persecución y no de prevención”, señaló en dicho contexto a ABC Odilón Turo, titular del Sindicato de Funcionarios, Empleados y Trabajadores del Ministerio Público del Paraguay (Sifetramipar).

Cese de comisionamiento de 200 funcionarios

Otro pedido que pondrán sobre la mesa es que la fiscala general revoque todas las resoluciones por las cuales están comisionados 200 funcionarios de la institución a distintos entes, entre ministerios y secretarías, dependientes de los poderes Ejecutivo y Legislativo. A eso, irá acompañado el pedido de reintegración inmediata al Ministerio Público de dichos funcionarios.

También se tiene previsto solicitar que los casos que eran absorbidos por las fiscalías zonales se centralicen en las fiscalías regionales y que las primeras se cierren “para ahorrar un poco de dinero, para que se pueda cerrar o estirar hasta donde se pueda para el año que viene”, señaló Turo.

Sin embargo, no se descarta la realización de más pedidos un poco más rigurosos.

Todo esto es en respuesta a la decisión del Congreso Nacional de recortar la suma de G. 22.000 millones al presupuesto que será destinado al Ministerio Público, el Frente Unido emitió un comunicado en el que se “rechaza de forma categórica y contundente el agravio a nuestra institución”.

Añade el escrito que el “recorte presupuestario, que no condice con el supuesto discurso de querer acabar con la corrupción o de apoyar el Acceso a la Justicia” y por todo esto responsabilizan a la clase política.

“Monitoreo” en Anticorrupción

“Los gremios aglutinados en el Frente Unido habilitarán una Oficina de Monitoreo de Anticorrupción, para promover con sus afiliados, que todas aquellas causas que tengan que ver con la mala utilización de los recursos del Estado Paraguayo tengan suma prioridad en la investigación, independientemente de las circunstancias. Y que cada compañero y compañera, denuncien toda injerencia política de cualquier sector y de cualquier tipo y que su denuncia será protegida y amparada, en defensa de la independencia judicial”, señala el penúltimo párrafo del escrito, que para un mayor entendimiento está en negrita y subrayado.

Finalmente, los firmantes dejan constancia del apoyo incondicional de todos los gremios a la gestión de la fiscala general Sandra Quiñónez, bastante criticada por no impulsar investigaciones relacionadas al expresidente Horacio Cartes y sus allegados.

“Estas solicitudes guardan relación, atendiendo a que la falta de recursos financieros y humanos impide desarrollar nuestro rol constitucional. Responsabilizamos a la clase política del recorte sistemático como castigo a la institución que tiene la carga de la investigación penal”, agregan.

Los funcionarios del Ministerio Público se encuentran en plena huelga desde el pasado 27 de octubre y se extiende hasta este 27 de noviembre, cumpliéndose así un mes de protestas pacíficas por esta misma razón del recorte presupuestario. Los gremialistas, además de rechazar la reducción del presupuesto a su institución habían solicitado un aumento salarial del 10% para todos los funcionarios, así como la creación de 390 nuevos cargos.

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