Caso Hugo Javier: a última hora la Junta Departamental envió informes solicitados por la Fiscalía

El fiscal Diego Arzamendia solicitó al órgano gubernamental informes respecto a la aprobación o rechazo de los convenios de cooperación firmados por el gobernador Hugo Javier con la fundación CIAP en el periodo 2020, con el objetivo de individualizar dichos acuerdos e identificar a los miembros de la Junta que aprobaron o rechazaron dichos acuerdos. También se requiere copia autenticada de las actas de sesiones respectivas.

Otro pedido responde a informes respecto a la aprobación, modificación o rechazo del presupuesto departamental remitido para su consideración por el gobernador en los periodos 2020 y 2021, con copia de las actas de sesiones respectivas y los documentos respaldatorios correspondientes.

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Finalmente, el agente Arzamendia pidió informes de la aprobación o rechazo de las rendiciones de cuentas de la ejecución presupuestaria del periodo 2020 remitida por Hugo Javier, además de una copia de los documentos respaldatorios respectivos.

Antes del mediodía conversamos con el agente Arzamendia y el mismo afirmó que el plazo venció ayer, pero que los informes solicitados no fueron remitidos. La Junta de Central tampoco solicitó prórroga para una posterior entrega. En este caso, el Ministerio Público tenía previsto reiterar el pedido, pero luego de una conversación con el presidente del pleno, el concejal liberal Mario Aguilera, se prometió enviar el legajo en el transcurso del día.

Finalmente, esta tarde confirmamos con el edil Aguilera que lo solicitado tuvo mesa de entrada antes del mediodía. Los documentos ahora serán analizados por la Fiscalía.

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Diego Arzamendia interina en la causa, ya que los fiscales titulares Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Luis Said fueron recusados por uno de los imputados. El agente aseguró que a pesar de esta situación, la causa temporalmente a su cargo sigue favorablemente su curso.

La investigación

Los requerimientos hechos por el fiscal Diego Arzamendia responden a la investigación de la ejecución de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones), fondo de emergencia sanitaria por covid-19, que el Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central administrada por el cartista Hugo Javier González, quien está imputado junto a otras 14 personas por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal.

Hugo Javier repartió todo el fondo de emergencia y entregó a la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por Tadeo Álvarez, imputado, la suma de G. 5.105 millones y al Consejo Regional de Salud, dirigido por Hugo Cabrera, el monto de G. 1.276 millones.