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El pedido de fiscalización ante la CGR fue hecho por el actual intendente Aldo Lezcano (Alianza). En su nota, el ejecutivo municipal solicitó auditar la gestión de Sosa Báez, quien está imputado por supuesto daño patrimonial de unos G. 5000 millones en perjuicio de la Comuna.
El intendente manifestó que durante el corte administrativo no recibió varios documentos, que debería estar en la Municipalidad y que son de la gestión del exintendente Sosa Báez, por lo que se espera que los auditores puedan determinar si hubo errores administrativos, supuestos hechos de corrupción.
El intendente Lezcano manifestó que independientemente al trabajo que va a realizar la CGR en la Municipalidad local, también va a solicitar intervención del Ministerio Público, para que investigue algunas irregularidades que encontraron como desembolsos millonarios y falta de documentos respaldatorios, posibles obras fantasmas, entre otros.
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La resolución de la CGR señala que los aspectos que serán objetos de revisión son la ejecución presupuestaria de ingresos, gastos de los recursos provenientes de los recursos de Fonacide, royalties y compensaciones correspondiente al Ejercicio fiscal 2021.
La coordinación, seguimiento y cumplimiento de los trabajos están a cargo de la Dirección General de Control de Recursos Sociales del Estado. Los auditores realizarán entrevistas, solicitudes de verificación de documentaciones, informes y otras evidencias que ayuden analizar la situación de la administración municipal.
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Asimismo, para la ejecución del trabajo señalado fue designado como Nexo Oficial, Manuel Manuel Petre, a los efectos de facilitar los medios y documentos requeridos por los auditores, que deberá presentar al organismo de control todo lo requerido.
Están designados para este trabajo de verificación el Jefe de Equipo, Alberto Riquel, el supervisor Derlis Raúl Riquel, y los auditores, Carolina Articanaba, Ramón Cardozo y Eva Zelaya.
Antecedentes del exintendente Sosa Báez
El fiscal de la Unidad Penal N°2 de Carapeguá, Rodolfo Hiram Colmán, quien tuvo a su cargo la investigación, imputó y pidió prisión preventiva por el intendente de Acahay Alcides Sosa Báez (abdista). Es por el presunto hecho de “lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal”. El exintendente Sosa Báez recusó al fiscal Colmán y el caso quedó a cargo del agente fiscal Darío Villagra.
Junto al exintendente Sosa Báez también están imputados el exadministrador de la Facultad de Filosofía UNA, Eduardo Espínola Ayala -quien fue condenado por el desvío de G. 178 millones de la universidad- y su esposa la exconcejal municipal de Mbuyapey, Mirian Martínez (PLRA).
Sobre los esposos Espínola Ayala y la exconcejal Martínez, el fiscal Villagra había solicitado sobreseimiento provisional, ante la falta de más evidencias que precisan contar para sostener una acusación. En esta causa también está imputado el extesorero municipal Vicente Torres Sanabria.
El Ministerio Público a cargo del fiscal Colmán encontró que el intendente local, Alcides Sosa Báez, desembolsó más de G. 13.000 millones de los recursos de Fonacide y royalties, empresas fantasmas y realizó dudosas adjudicaciones a su suegro, a la concejala de Mbuyapey y a la nuera de la edil.
La imputación se da ante la denuncia presentada por los denunciantes, Melquiades Ayala Ortiz, Aldo Ayala González y Rubén Benítez, todos ellos domiciliados en el distrito de Mbuyapey. Los afectados presentaron la denuncia luego de que el Ministerio de Hacienda haya cancelado la transferencia del subsidio de Adultos Mayores de Ayala Ortiz, porque el mismo figuraba que tenía empresas constructoras y con frondosas ganancias. Sin embargo, es un humilde agricultor.