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En febrero definen si acusados por megaevasión van a juicio

Este artículo tiene 4 años de antigüedad
Liz Paola Doldán González, imputada por contrabando.
Liz Paola Doldán González, acusada en el caso conocido como "megaevasión".Archivo, ABC Color

La audiencia preliminar para los acusados en el caso conocido como megaevasión, prevista para esta mañana, se pospuso para los días 3 y 4 de febrero del próximo año. Así lo dispuso el juez penal de garantías especializado en delitos económicos, José Agustín Delmás, quien debe resolver si los procesados van o no a juicio oral y público.

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El magistrado tomó la decisión luego de que el abogado César Alfonso, defensor de la acusada Liz Paola Doldán informara que su clienta está con reposo de 72 horas, por gastroenteritis aguda y deshidratación moderada.

“El pedido de suspensión se funda también en que, según la jurisprudencia constante de nuestros Tribunales de Apelación, la audiencia preliminar debe ser realizada en acto único, cuando se plantea un acontecimiento penalmente relevante para varias personas, como ocurre en este caso en relación a mis defendidos (se postula que los mismos integran una asociación criminal dirigida a la realización de hechos punibles de evasión de impuestos) (...), explicó Alfonso.

Además de Liz Paola Doldán, están acusados por evasión de impuestos y asociación criminal está dirigida Vilma González de Doldán, Edison Doldán, Tamara Brunetto Vallet, Manuel Balletbó Cabrera, Charles Edison Doldán y Julio Vera Melgarejo.

Todos son representantes y socios de las empresas Mobile Zone Internacional Import-Export, Excellence Import SA y Tenug Internacional SA, que evadieron impuestos entre 2017 y 2019 por G. 61.808.381, G. 4.633.636.582 y G. 690.298.472, en ese orden, según la acusación.

Los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz también acusaron y pidieron juicio oral y público para Reinaldo Páez Velázquez, por evasión de impuestos.

Páez representa a P&D Import SA, que entre los años 2018 y 2019 realizó 35 operaciones de importación irregular que generaron una evasión impositiva de G. 6.152.466.740, en concepto de Iva e Iracis (renta empresarial), según acusación.

Sobreseimiento definitivo

Por otra parte, la Fiscalía pidió sobreseimiento definitivo para Juan Andrés Nogués Mazier, Miguel Gustavo Gayol Buggia, Armín Arnulfo Vera Franco, Blas Ariel Ferreira Barrientos, Richar Robert Roux Riquelme e Ignacio Derlis Alfonso Melgarejo –procesados por contrabando, lavado de dinero y asociación criminal.

Operación llamada

Este proceso es una derivación de la Operación Llamada, realizado el 23 de julio del 2019, cuando fiscales y policías allanaron en forma simultánea 13 establecimientos de Ciudad del Este y dos de Asunción, en una investigación de evasión de impuestos de teléfonos celulares de alta gama por US$ 678.300.678. El caso fue denunciado por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

Tras un año de investigación y constatadas varias irregularidades, de los 15 procesados solo uno fue acusado (Carlos O’Higgins). Para el grupo encabezado por Doldán se pidió suspensión condicional, a cambio de que se comprometieran a pagar los impuestos y sobreseimiento para los demás.

La Fiscalía dejó atrás la postura tibia que sostenía inicialmente en el caso “megaevasión” y acusó a ocho procesados por negociados en la importación de teléfonos de alta gama, entre ellos la empresaria Liz Paola Doldán, de Mobile Zone, recientemente sancionada por los Estados Unidos.

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