Empresaria sancionada por EE.UU. evadió impuestos sobre unos US$ 600 millones

Un operativo interinstitucional hecho en 2019 y denominado “Llamada” pretendía desmontar un esquema de importación fraudulenta de equipos de electrónica desde los Estados Unidos, recordó este jueves el viceministro de la SET, Óscar Orué.

Los datos habían sido proveídos por el Departamento de Estado de los EE.UU. a través de su embajada en Paraguay y luego cotejados con el organismo rector de Tributación en nuestro país, añadió la autoridad en conversación con radio ABC Cardinal hoy.

Mobile Zone

Así se llegó a la conclusión de que una de esas empresas nombradas -denominada Mobile Zone International SRL y presidida por Liz Paola Doldán- importó durante cinco años equipos desde los EE.UU. por valor de entre US$ 700 millones y US$ 800 millones, pero solo pagó impuestos por US$ 200 millones.

Doldán es una de las personas implicadas por los Estados Unidos en un esquema de evasión de impuestos y de lavado de dinero del que también forman parte el brasileño Kassem Hijazi, ahora detenido, y el empresario paraguayo Khalil Hijazi.

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El Departamento del Tesoro sancionó no solo a las tres personas, sino también a cinco empresas vinculadas a ellos. Ahora, las firmas no pueden operar en los Estados Unidos.

Así, Doldán evadió impuestos sobre unos US$ 600 millones, de acuerdo a los datos concedidos por la SET.

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Doldán fue sobreseída

Orué precisó este jueves que la Fiscalía, a través de una investigación hecha por Francisco Cabrera y Osmar Legal, sobreseyó a Doldán por contrabando y por lavado de dinero. Desde el Ministerio Público sostuvieron que no había forma de sustentar las acusaciones hacia Doldán. “El año pasado se le dio sobreseimiento a la señora y a los 14 imputados”, indicó Orué, quien recordó también que en el operativo intervinieron Aduanas, Seprelad y la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC).

Inclusive, la empresa de Doldán introducía sus mercaderías a través de la zona primaria de Ciudad del Este. “Era un esquema que permeaba. Es importante que apoyemos a Aduanas. Hay formas y formas de tratar de hacer ingresar mercaderías ‘en frío’, sin pagar impuestos”, añadió el titular de la SET.

La imputación fiscal en contra de la mujer fue presentada en el 2019 por un notorio caso de contrabando a gran escala de teléfonos celulares a través de su firma Mobile Zone, generando ganancias ilícitas de alrededor de $675 millones importando teléfonos de alta gama, pero identificándolos ante la Aduana paraguaya como productos más baratos para pagar impuestos más bajos por su importación.

En diciembre de 2020 los fiscales de la Unidad Contra Delitos Económicos y Anticorrupción Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera solicitaron la suspensión condicional del procedimiento para Doldán. Sin embargo, el juez de garantías José Agustín Delmás dio trámite de oposición al pedido de los agentes de UDEA y remitió el expediente a la Fiscalía General del Estado para que ratifique o rectifique la solicitud de suspensión condicional.

Teniendo en cuenta la postura del juez especializado en Delitos Económicos la fiscal adjunta de UDEA Soledad Machuca, en vez de presentar una acusación o ratificar el pedido de suspensión condicional del procedimiento, solicitó el sobreseimiento provisional de Doldán y al juez Delmás no le quedó otra que hacer lugar a dicho planteamiento.

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Más investigaciones de Estados Unidos

Finalmente, Orué dijo que “hay muchas más investigaciones que se están haciendo desde los Estados Unidos” para desmantelar estas organizaciones con las que se hace contrabando, se lava dinero y se hace evasión de impuestos.

El Departamento del Tesoro estadounidense señala a Doldán como una de las socias de Kassem en la Triple Frontera, identificándola como “una intermediaria que trabaja con envíos desde los Estados Unidos” pagando sobornos a trabajadores de Aduanas y despachantes para el procesamiento de sus importaciones.

En diciembre de 2020, los fiscales de la Unidad Contra Delitos Económicos y Anticorrupción Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera solicitaron la suspensión condicional del procedimiento para Doldán.

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Sin embargo, el juez de garantías José Agustín Delmás dio trámite de oposición al pedido de los agentes de UDEA y remitió el expediente a la Fiscalía General del Estado para que ratifique o rectifique la solicitud de suspensión condicional.

Ante la postura del juez especializado en Delitos Económicos, la fiscala adjunta de UDEA Soledad Machuca, en vez de presentar acusación o ratificar el pedido de suspensión condicional del procedimiento, solicitó el sobreseimiento provisional de Doldán y al juez Delmás no le quedó otra que hacer lugar a dicho planteamiento.