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La fiscala Stella Mary Cano de Woitas allanó la vivienda de la familia Sopeña el 21 de diciembre “a fin de proceder a la incautación de evidencias y objetos relacionados al hecho investigado”, en referencia a una causa en la que Mariano Sopeña es el denunciante de una supuesta estafa mediante un presunto falso proceso judicial.
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Poderes otorgados por Mariano Sopeña Irala, documentos relacionados a juicios de la firma Formasa SA, documentación, contratos o poderes otorgados a Denis Santiago Giménez, entre otros elementos “relevantes para la investigación”, buscaba la fiscala Cano de Woitas de acuerdo al contenido de la orden a allanamiento. El mandamiento lleva la firma del actuario judicial Edgar Sosa y del juez penal Julián López Aquino, del Juzgado Penal de Garantías Nº 12 de Asunción.
El abogado Eduardo Bernal, defensor de los afectados, afirmó que la verdadera intención de la agente es la de “plantar documentos en contra” de su cliente para luego imputarlo y dejarlo como el delincuente de la historia y no como la víctima. De esa manera pretende “blanquear” la causa donde la principal “prueba es un pagaré falso”, añadió.
La fiscala Cano de Woitas, acompañada de policías, se constituyó días atrás en la casa de la familia Sopeña ubicada en el cuarto barrio de Luque, colindante a la propiedad de casi cinco hectáreas que les fue despojada en base a un mandamiento presumiblemente falso.
Investigadora en otro caso
La agente indaga otro caso en la cual el denunciante es Mariano Sopeña. La investigación se inició en junio de este año y la causa fue caratulada como “Denis Santiago Giménez Cardozo s/ estafa y otros”. Es más, Cano de Woitas imputó a Giménez Cardozo, abogado, en julio de 2021, por supuesta estafa y producción de documentos no auténticos.
El abogado Eduardo Bernal dijo que se pudo comprobar la falsedad del pagaré de G. 3.000 millones que Denis Giménez trató de ejecutar y así apropiarse del inmueble de casi cinco hectáreas de la familia Sopeña. Tres peritos, incluso el propuesto por la defensa de Giménez Cardozo, confirmaron que las firmas que aparecen en el pagaré, de los cuales uno de ellos es de Ángel Sopeña (+), padre de Mariano, eran apócrifas.
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Ángel Sopeña supuestamente firmó el pagaré en representación de la empresa “Formasa SA”, propiedad de la familia.
“Sicario de la Fiscalía”
“Stella Mary Cano es la sicario de la Fiscalía. Ya teníamos la información de que esta fiscala le quiere imputar a Mariano. Ellos inventaron un documento en la causa penal de los G. 3.000 millones, donde supuestamente Mariano le entregó el pagaré a Gilda Bodón Roux- porque abogados del estudio jurídico de Gilda eran representantes de Mariano en esta causa-para supuestamente ejecutar el pagaré y rematar la propiedad y así Mariano quedarse con ella. No tiene sentido, porque Mariano no necesita hacer eso porque él tiene el poder de la SA para transferir la propiedad y de hacer lo que quiera del inmueble, porque es el dueño, es el heredero”, dijo el abogado Bernal.
Un presunto intento de “blanqueo”
La denuncia sobre el pagaré falso fue presentada por los abogados Miguel Insaurralde y Vicenzo Serrati (hijo de Gilda Bodón Roux), representantes en ese entonces de Formasa SA, es decir, de Mariano Sopeña. Ambos letrados forman parte de Bordón Roux & Serrati Asociados.
Según los datos, la agente Stella Marys y Gilda Bordón serían muy amigas y la fiscal estaría obrando para blanquear la producción de documentos no auténticos que supuestamente cometió el estudio jurídico “BRS Bordón Roux & Serrati Asociados” de Bordón.
Llamamos al celular de la fiscal Stella Mary Cano de Woitas para escuchar su versión sobre la denuncia del abogado de los Sopeña, pero no contestó.
La fiscala de Luque, Sandra Ledesma, allanó semanas atrás el estudio jurídico BRS “Bordón Roux & Serrati Asociados” de Gilda Bordón en el marco de la investigación de otra causa que enfrenta la familia Sopeña. En lugar se incautaron de varios elementos vinculados a la causa de producción y uso de documentos no auténticos para la ilegal apropiación de una propiedad de casi cinco hectáreas que pertenece a Sopeña desde el año 1991, denunciaron los afectados.
Llamativamente, las computadoras de las oficinas de BRS y las imágenes del sistema del circuito cerrado, desaparecieron. Pero, mouses de equipos informáticos estaban en el lugar.
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También fueron encontrados varios talonarios de cheques que decían “regalías para el Juzgado de Paz de la Catedral”, una agenda en la oficina de Gilda con un manuscrito con una frase y dibujos sobre “Formasa SA”.