El pasado lunes, las fiscalas Fátima Britos y Sandra Fariña imputaron por homicidio doloso y pidieron la prisión preventiva del trabajador Óscar Julián Fernández Melo (36), quien la madrugada del pasado lunes ultimó a un exconvicto que intentó asaltarlo en zona Sur de Fernando de la Mora.
Ayer, miércoles, la jueza de garantías de Fernando de la Mora, Nancy Duarte, dispuso la inmediata libertad de Fernández Melo (36), procesado por homicidio doloso, por la muerte del maleante Julio César Osorio (25), más conocido como “Tres Dedos”.
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Tras la cuestionada decisión de Britos y el escándalo que supuso la orden de prisión preventiva frente a las evidencias que demostraban que Osorio actuó en defensa propia, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñonez, nombró al fiscal Itálico Rienzi como coadyuvante. El agente se presentó el martes en horas de la mañana en la audiencia en la imposición de medidas y solicitó la libertad del procesado bajo medidas alternativas.
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Sobre este caso, el titular del JEM, Jorge Bogarín, explicó que existen plazos para que el órgano que preside pueda estudiar el caso de la fiscala Britos por un eventual mal desempeño de funciones.
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“Estamos en feria, pero eso no significa que no estamos trabajando. Estamos modificando el sistema informático del jurado y a partir del 1 de febrero corren todos los plazos. Con la nueva ley de octubre tenemos plazos que respetar”, dijo Bogarín este jueves en conversación con radio ABC Cardinal 730 AM.
En ese contexto, explicó que la víctima tiene 10 días desde producido el hecho para hacer la denuncia ante el JEM. Este plazo corre desde el lunes pasado, día en que fue dictada la prisión preventiva de Fernández Melo, en cuyas manos está, de momento, avanzar.
“Hay 10 días para que la víctima, el comerciante que fue imputado, presente acusación en el JEM. Si no lo hace, corren plazos a las instituciones, que pueden ser Diputados, Senadores, Defensoría, Fiscalía, y luego transcurridos los 10 días recién podemos actuar de oficio”, añadió Bogarín.
Estudiarán casos de jueces y fiscales del caso RGD
El titular del JEM prometió también que al regreso de la feria se estudiará el caso de los jueces y los fiscales que fueron citados como cómplices de un esquema manejado por el político Ramón González Daher, condenado en diciembre pasado a 15 años de cárcel por los delitos de usura grave, lavado de dinero grave y denuncia falsa.
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La jueza Claudia Criscioni, presidenta del Tribunal que condenó a RGD, había afirmado en el juicio oral -durante la justificación de la sentencia- que el Ministerio Público debía abrir una investigación en relación a los involucrados en las causas, como fiscales, jueces y otros funcionarios judiciales que formaron parte del esquema.
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“El 1 de febrero vamos a analizar la situación en asuntos varios. Vamos a pedir copia de lo resuelto por el tribunal”, finalizó Bogarín.