Titular del Colegio de Escribanos amplió denuncia sobre “tragada”

El presidente del Colegio de Escribanos del Paraguay amplió su denuncia por presunta lesión de confianza y apropiación ante la Fiscalía de Delitos Económicos, contra administraciones anteriores por no previsionar el 70% para la Corte de lo percibido por la venta de materiales de uso notarial que estaba a cargo del gremio. En una demanda de rendición de cuentas, la Corte le reclama a los escribanos casi US$ 8 millones, en este concepto.

Jorge Miller Donna (d.), presidente del Colegio de Escribanos del Paraguay, junto al abogado Juan Claudio Gaona, en la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Jorge Miller Donna (d.), presidente del Colegio de Escribanos del Paraguay, junto al abogado Juan Claudio Gaona, en la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción.virgilio vera

El presidente del Colegio de Escribanos del Paraguay Jorge Augusto Miller Donna, relató ante la unidad del fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Néstor Coronel, que la Corte Suprema de Justicia, en su demanda de rendición de cuentas, le reclama a este gremio el pago de G. 49.901.686.269. Sin embargo, para el titular del Colegio de Escribanos, la suma debida a la Corte asciende a G. 23.123.381.928, conforme a la pericia extrajudicial que agregó a la denuncia por presunta lesión de confianza y apropiación.

Sin embargo, -aclaró Miller Donna-, que el monto final de la deuda por el 70% de la venta de materiales notariales realizados desde 1999 hasta febrero de 2021, será determinado cuando el juzgado civil dicte resolución definitiva y esta quede firme. La Corte reclamó extrajudicialmente al Colegio en reiteradas ocasiones, el depósito de las sumas; sin embargo, el Colegio, por medio de sus autoridades de cada periodo, no lo hizo.

“Según la pericia privada realizada a pedido del Colegio de Escribanos, ninguno de los Consejos Directivos decidió pagar o transferir el dinero a la Corte, tampoco han guardado las sumas en los bancos ni consignaron en el pasivo de los balances generales, la deuda con la Corte Suprema de Justicia. Los montos exactos serán determinados en el fuero civil, por de pronto, tenemos los resultados de la pericia, reflejados en el informe de fecha 22 de diciembre de 2021, ya agregado con esta denuncia, y que determinan las sumas debidas”, indicó el titular del gremio.

Miller Donna asimismo declaró e la Fiscalía que en lo relativo a los ingresos por venta de los materiales de uso notarial, la disposición era clara: 70% pertenecía a la Corte Suprema de Justicia y 30% al Colegio de Escribanos del Paraguay. Del dinero de la Corte, las autoridades del Colegio no debían realizar ningún gasto, sea en el concepto que fuere. Tampoco podían comprar inmuebles u otros, primero porque no tenían autorización de la Corte, y segundo, porque las compras de inmuebles que realizaron no las hicieron a nombre de la Corte, sino que a nombre del Colegio de Escribanos del Paraguay, con lo cual, el Colegio a través de aquellas autoridades, se apropió de las sumas de dinero pertenecientes a un tercero, sobre las que tenía obligación de hacer uso determinado, en la forma ya mencionada.

Miller Donna aclaró que de toda esta situación se enteró e interiorizó recién después de asumir la presidencia del Colegio de Escribanos del Paraguay, y al tener acceso a las documentaciones de la institución, así como a los informes finales de las auditorías y pericias contratadas, así como a través de las conversaciones con los auditores, peritos, su equipo de trabajo y la contadora de la institución, manifestó en la Fiscalía.

Las anteriores administraciones

Según la auditoría externa que ordenó el Colegio de Escribanos, desde el 2009 al 2020, los presuntos responsables del desvío de fondos serían los Consejos Directivos que tuvieron como titulares de este gremio a la entonces presidenta en el periodo 2009-2010 Gladys Delia Lichi Battilana, que no habría transferido a la Corte por la venta de materiales de uso notarial de unos G. 2.507.463.891; al entonces titular del Colegio Roberto Escobar González (periodo 2011-2012), por no remitir unos G. 3.146.853.987, nuevamente Roberto Escobar González (2013-2014), que no transfirió a la Corte unos G. 4.308.646.732.

De igual manera, la denuncia hace referencia al Consejo Directivo del periodo (2015-2016), cuyo titular fue Ana Manuela González Ramos, por no remitir G. 4.110.663.502, nuevamente Ana Manuela González Ramos (2017-2018), por no transferir G. 3.857.089.167; a Roberto Escobar González (2019-2020), por no haber previsionado G. 3.991.500.757 para la Corte, por la venta de materiales de uso notarial que tenía a su cargo el Colegio de Escribanos.

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