Gobernación de Central: fiscales solicitan advertir a abogados chicaneros

AREGUÁ. El 1 de noviembre de 2021, el Ministerio Público imputó al gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González, y a otras 14 personas por la presunta mala administración de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones) del fondo covid. Desde entonces, son innumerables las chicanas presentadas por diferentes abogados para dilatar el proceso penal y retrasar la audiencia de imposición de medidas que hasta la fecha no culminó. El equipo fiscal solicita a las instancias pertinentes a que adviertan a los defensores chicaneros.

Hugo Javier saliendo de la Fiscalía de Delitos Económicos el pasado 4 de febrero, día en que se abstuvo de declarar.
Hugo Javier saliendo de la Fiscalía de Delitos Económicos el pasado 4 de febrero, día en que se abstuvo de declarar.Gustavo Machado

La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) investiga la presunta malversación de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones), fondo covid-19, que la Gobernación de Central, administrada por el cartista Hugo Javier González, imputado, recibió en diciembre de 2020 del Ejecutivo para la reactivación económica en el departamento de Central durante la pandemia.

En la rendición de cuentas de la ejecución del rubro aparecen facturas clonadas, facturas de empresas fantasmas entre otras muchas irregularidades que fueron confirmadas por la Contraloría General de la República (CGR), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE).

En la causa investigada por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Luis Said, fueron imputadas el pasado 1 de noviembre, 15 personas, incluyendo al gobernador Hugo Javier. Desde entonces, son innumerables las chicanas presentadas por los diferentes defensores, con el fin de dilatar el proceso final. Las audiencias de imposición de medidas aún no concluyeron.

Al respecto, los agentes del Ministerio Público solicitan a las instancias correspondientes como ser el Juzgado Penal de Garantías, el Tribunal de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia, que “se advierta a los abogados chicaneros”.

“Los recurrentes formulan peticiones claramente inadmisibles e improcedentes con la única intención de quebrantar la buena marcha del proceso. No argumentan sobre los supuestos agravios.

Algunas defensas incluso demuestran temeridad o bien un desconocimiento del sistema penal y una desactualización por demás llamativa para un profesional del derecho respecto a las normas jurídicas imperantes. Se invocan normas inaplicables a un recurso de reposición. Cuando se utilizan los recursos para otros fines, como, por ejemplo, para entorpecer el proceso, se está ante un ejercicio abusivo del derecho procesal, afirmó el fiscal Estigarribia.

Hasta hoy, la audiencia de imposición de medidas del gobernador Hugo Javier y otros imputados aún no se llevaron a cabo. La Fiscalía solicitó que el administrador departamental sea apartado del cargo y que no vuelva a ingresar a la Gobernación.

La defensa del exanimador de fiestas, más conocido como “el locutor número 2″, representada por los abogados, Andrés Casati, Arturo Daniel y Fausto Portillo, sostiene que los fiscales solo se prestan a los intereses políticos y económicos de un sector que intenta separar del cargo al gobernador de Central, Hugo Javier. La misma incluso había solicitado la nulidad de la imputación, recurso que fue rechazado.

Imputaron a 15 personas

Hugo Javier González y otras 14 personas entre funcionarios de la Gobernación, proveedores, miembros de una fundación y contratistas, fueron imputados hace casi 4 meses por los supuestos hechos de lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.

Junto a Hugo Javier están imputados el director general de Administración y Finanzas de la Gobernación, Javier Marcelo Rojas Giménez; el presidente de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, quien se embolsó con G. 5.105 millones del fondo COVID; el tesorero de la Fundación CIAP, Paulino De los Santos Palacios Recalde.

También aparecen imputados Nicolás Eduardo Emanuel Álvarez Doria, síndico actual de CIAP, y varios subalternos del gobernador, tales como la secretaria general de la Gobernación, Lourdes Verónica Lezcano Decoud; el secretario de Obras Públicas, Armando Adolfo Soler Espínola; el exjefe de Tesorería, Luis Eduardo Allende Araújo; el asesor jurídico, Édgar José Zaracho Quintana; el jefe del Departamento de Presupuesto, Guido Rolando Portillo Torres; Modesta Valiente Escobar, funcionaria de la Dirección de Administración y Finanzas, y el exjefe del Departamento de Fiscalización de Obras, Adalberto Benítez Aguilera.

Finalmente, también los contratistas Óscar Morel Oses, Félix Grau Fernández y Óscar Laureano Gaete Gómez.

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