Caso Hugo Javier: se confirma que obras ya estaban antes de desembolso de millón de dólares

El informe final de auditoría de la Contraloría General de la República sobre la fiscalización de obras hechas por la Gobernación de Central cita una serie de groseras irregularidades. Según el gobernador Hugo Javier González, imputado por lesión de confianza, los trabajos fueron pagados con un millón de dólares del fondo de emergencia por la pandemia covid-19, pero las obras ya existían antes del desembolso.

“Asfalto de acceso al Consejo Regional de Salud y parque sanitario del departamento Central” y costó G. 390.860.000. En realidad, el lugar asfaltado fue el acceso y parte del predio de misma sede gubernamental
Asfalto de acceso al Consejo Regional de Salud y parque sanitario del departamento Central que costó G. 390.860.000. En realidad, el lugar asfaltado fue el acceso y parte del predio de misma sede gubernamental.

La Dirección de Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la República fiscalizó cada una de las 14 obras hechas por la organización no gubernamental Centro Integral de Apoyo Profesional, presidida por Tadeo Álvarez, por el monto de 5.105 millones de guaraníes.

Los auditores hallaron una serie de irregularidades también sospechadas por el Ministerio Público, la Auditoría General del Poder Ejecutivo y la Subsecretaría de Estado de Tributación.

La fundación recibió el dinero de la Gobernación de Central, administrada por Hugo Javier González (ANR, Partido Colorado), en el marco de una iniciativa de reactivación económica en el departamento Central. El dinero vino del fondo de emergencia por la pandemia de covid-19.

En la rendición de cuentas aparecen facturas clonadas, empresas fantasmas, facturas anuladas, entre otras irregularidades. Según Auditoría tampoco existen documentos que avalen la prolija ejecución de las obras.

Las obras “ya estaban”

La Contraloría confirmó que la “Gobernación de Central permitió que la fundación CIAP firme contrato y pague por la obra construcción asfalto de acceso al Consejo Regional de Salud y Parque Sanitario, Ramal Capiatá – Areguá, un total de G. 390.860.000, la cual ya estaba concluida antes de la firma de la Ley Nº 6641/2020 y del contrato en cuestión”.

La obra fue hecha en el predio de la Gobernación, donde funciona el Consejo de Salud y su parque sanitario.

Además, en “relación con la obra de construcción de empedrado de la calle Padre Pío de la compañía Itapuamí de la ciudad de Luque, la Gobernación de Central permitió que la fundación CIAP suscriba el acta de recepción definitiva, sin que la obra esté terminada, la cual debe ser emitida una vez que las obras hayan sido ejecutadas conforme al proyecto y se hallen en perfecto estado”, indica el informe.

Sospecha de desvío de fondos

El informe también confirma que no se cumplió con la quinta cláusula del contrato suscrito entre la Gobernación y CIAP, sobre la “verificación del contrato de transferencia de recursos”.

“La Gobernación de Central no exigió a la Fundación CIAP y esta a los contratistas, la elaboración y presentación de documentación técnica detallada y completa, generando pagos por obras sin proyecto ejecutivo por un total de G. 517.001.154, suma que podría haberse invertido en otras obras de uso público”, dice el informe.

Obras chapuceras

Los fiscalizadores concluyeron que por falta de control oportuno de la Gobernación de Central de las obras ejecutadas con fondos transferidos en el marco de la Ley 6641/2020 “se recibieron trabajos que no reúnen las condiciones de calidad requeridas, disminuyendo la vida útil de las mismas, debido al incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los documentos contractuales”.

También se confirma que debido a la desidia de la administración del gobernador Hugo Javier González, no se estableció en los contratos de ejecución de obras y de transferencia de recursos ningún tipo de mecanismo de control, lo que permitió que las obras ejecutadas a través de CIAP no tuvieran fiscalización, dejando expuesta a la Gobernación a posibles daños y sin poder asegurar oportunamente la correcta ejecución de los contratos según los fines para los que fueron firmados.

Conclusión y recomendación

Los auditores concluyeron que “ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad. En los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones, serán personalmente responsables, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado (…)”.

La CGR recomienda a la Gobernación de Central fortalecer el control interno de la institución, así como exigir que la ejecución de obras se realice solo después de la formalización de los contratos. También piden al gobernador González monitorear la correcta ejecución de los fondos destinados a las ONG.

Imputados por lesión

Tanto Hugo Javier González Alegre como Tadeo Álvarez, presidente de CIAP, además de otras 14 personas entre funcionarios de la Gobernación de Central, contratistas y empleados de CIAP, fueron imputados por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera, Luis Said y Diego Arzamendia por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, respecto al uso de un millón de dólares.

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