Arévalo se refirió así a una ley, la 6.727, que modifica artículos de otra, la 6.707, ambas del año pasado. El abogado Ezequiel Santagada había dicho el domingo pasado que este documento permite que las empresas vendedoras de la vacuna contra el COVID tienen la posibilidad de embargar las reservas y los fondos del BCP, como así también los bienes de dominio público del Estado paraguayo.
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“Creo que el proyecto en sí vino de Diputados y que por el apuro, la necesidad, se aprobó sin tener en cuenta esta situación. Estoy pidiendo un dictamen jurídico (...) De buenas a primeras, vamos a hacer una revisión y, si corresponde, vamos a poner otra vez el proyecto para tratar de cambiar lo que hemos hecho”, dijo Arévalo en conversación con radio ABC Cardinal 730 AM este miércoles.
La ley en cuestión se titula: “Que declara bien público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición para la distribución gratuita a la población de las vacunas contra el COVID-19″ y, según Santagada, tiene “cláusulas que contemplen renuncia de la inmunidad soberana del Estado paraguayo en los contratos de adquisición de vacunas contra el COVID-19 celebrados con entidades que tengan sede en el exterior”.
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Santagada consideró que los que aprobaron esta legislación (diputados, senadores y el presidente de la República, Mario Abdo Benítez) accedieron a esto debido a que “no llegaban las vacunas y había que comprarlas a como dé lugar”.
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“Si nos ponemos en el momento que teníamos que tener vacunas, que era una necesidad imperiosa, la presión mediática hace que hagamos cualquier cosa muchas veces, eso también pasa. Si nos oponemos dicen que no estamos a la altura de lo que necesita el pueblo”, expresó Arévalo hoy sobre el tema.
Finalmente, el senador sostuvo que “no se fijó” en esos puntos en ese tiempo. “Si corresponde, vamos a pedir la derogación de la ley”, concluyó.