Auditoría confirmó que obras ejecutadas a través de ONG CIAP no fueron fiscalizadas por la Gobernación

AREGUÁ. Las obras ejecutadas a través de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) por valor de G. 5.105 millones no contaron con fiscalización para el control y certificación de las mismas, por parte de la propia fundación, ni de la Gobernación de Central administrada por el exanimador de fiestas, cartista, Hugo Javier González Alegre, imputado por lesión de confianza. El Ejecutivo entregó a la Gobernación US$ 1 millón (G. 6.382 millones) para generar fuentes de trabajos en Central, pero aparentemente los fondos fueron desviados.

Reparación d e aula Tadeo Álvarez estuvo al mismo tiempo en el Centro Educativo Carmen Castro de Lara de Itauguá y en la plaza Santa Anta de San Lorenzo
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La Gobernación transfirió el año pasado la millonaria suma de G. 5.105 millones a la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidida por Tadeo Álvarez, también imputado por lesión de confianza y otros hechos; tras la ejecución del fondo otorgado en el marco de la Ley Nº 6641/2020, de apoyo a los gobiernos departamentales para la reactivación económica generando fuentes de trabajo durante la pandemia.

La Contraloría General de la República (CGR) fiscalizó las obras hechas por CIAP en Areguá, Luque, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Guarambaré, Villa Elisa y San Antonio; y se confirmaron innumerables irregularidades como la falta de planos, presunta sobrefacturación por más de G. 517 millones, construcción de obras chapuceras de alto costo, obras que ya existían incluso antes de la promulgación de la Ley Nº 6641/2020, entre otros. Además, en la rendición de cuentas de la CIAP y la institución departamental aparecen facturas clonadas, de empresas fantasmas, entre otros.

En el informe final de fiscalización y verificación in situ de las obras, se destaca en la cuarta y última observación, que “las obras ejecutadas a través de la Fundación CIAP por un valor de G. 5.105. 600.000, no contaron con una fiscalización por parte de la Fundación ni de la Gobernación, para el control y certificación de las mismas”.

Los auditores afirman que no constan documentos relativos a labores de un fiscal de obras, los contratos de prestación de servicios, certificados de obras, libros de obras, actas de medición de trabajos ejecutados, informes de avances de obras con los testimonios fotográficos correspondientes, etc. Además, indican que es de “importancia fundamental” tener las catas de medición de trabajos efectivamente ejecutados, para la elaboración de los certificados de obras, ya que las cantidades de trabajos a certificar y “pagar, provienen de dichas mediciones”.

En varias cláusulas del contrato celebrado entre la ONG CIAP donde el firmante fue Tadeo Álvarez y la Gobernación, cuyo firmante fue Hugo Javier González, consta que tanto la fundación como la institución departamental, se comprometen a verificar el proceso de la ejecución de las obras desde el principio hasta el fin, además de la “correcta ejecución de la transferencia”.

Los auditores concluyen que “la falta de fiscalización por parte de la Gobernación del departamento de Central”, así como lo establecido en las Especificaciones Técnicas, dio origen a las situaciones irregularidades.

Hugo Javier responsabiliza a ONG

En su descargo, el gobernador de Central, el cartista Hugo Javier, aseguró que “la Fundación CIAP es la responsable del control de las obras en cuanto a la calidad y cumplimiento de las EE.TT (especificaciones técnicas), debiendo contar con los profesionales requeridos”. Además asegura que la Secretaría de Obras acompañó todas los trabajos “dando instrucciones verbales del buen arte de la construcción cuando correspondía a las empresas contratistas”. El gobernador sostiene que la fiscalización permanente era exclusiva responsabilidad de CIAP.

El equipo auditor refutó el descargo de Hugo Javier, que se contradijo, ya que en el contrato de transferencia de recursos firmado entre la Gobernación y CIAP, el 05/02/2021 (fecha posterior al acta de inicio de la mayoría de las obras), se establece en la cláusula quinta que “la Gobernación del Departamento Central controlará la correcta ejecución de la transferencia a través de los órganos competentes para el efecto”.

Por lo tanto, es responsabilidad de la Gobernación efectuar las acciones ineludibles para el cumplimiento de esta cláusula, estableciendo los procedimientos y recursos necesarios para el efecto, concluyen los fiscalizadores de la Contraloría. Los mismos se ratificaron en las observaciones.

Más detalles de las anomalías

El informe final tiene cuatro observaciones plagadas de irregularidades respecto a la ejecución de las obras por más de G. 5.105 millones. En la tercera observación, los auditores señalan que los trabajos hechos incumplieron con las especificaciones técnicas y con el arte del buen construir.

“Se pudo constatar que en algunas obras, la ejecución de los trabajos, no corresponden a la calidad exigida o esperada”, dice el informe.

Por ejemplo, el asfalto hecho en el acceso del Consejo Regional de Salud y Parque Sanitario, que costó G. 390 millones, supuestamente pagados con el fondo covid-19, ya existía desde hace dos meses antes de la promulgación de la ley de emergencia sanitaria (fue hecha en octubre del 2020). Además al momento de la fiscalización, el asfalto presentaba hundimiento y deterioro.

También las columnas de hormigón, los registros eléctricos y las cañerías subterráneas, no contaban con los cableados correspondientes. La obra fue hecha en cancha de Luque y costó más de G. 45 millones.

El empedrado construido sobre la calle Padre Pío en la compañía Itapuamí de Luque, se observó el desprendimiento de piedras en el muro de PBC de la cuneta, además del desplazamiento del empedrado hacía el cordón cuneta con pérdida de material de relleno. La obra no fue terminada pero se desembolsó el total del costo que fue de G. 815 millones.

Benevolentes con el “Nº 2″

Los auditores Esteban Gauto, Sara Silvero, Johana Díaz, Lorena Jara, Gloria Ferreira, Raquel Vera y Derlis Cabrera, recomendaron al gobernador Hugo Javier, más conocido como el Nº 2 en su faceta como animador de fiestas, implementar un “plan de mejoramiento que permita solucionar las deficiencias y debilidades detectadas”, en su mayoría cometidas por el gobernador.

El plan debe contemplar acciones que se implementaran por parte de la entidad para fortalecer el control interno. También aconsejan fiscalizar las obras ejecutadas con fondos de la institución departamental, además de dar cumplimiento a lo establecido en los contratos firmados con otras instituciones o contratistas.

El gobernador como el presidente de CIAP, Tadeo Álvarez, además de otras 14 personas fueron imputados en esta causa que investiga el Ministerio Público. Los hechos que se investigan son lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.

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