Buscan volver a abrir el grifo de las transferencias a las gobernaciones

El Senado debe analizar el jueves el proyecto de modificación de la ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) que restablece la posibilidad de que las gobernaciones reciban y transfieran fondos a organizaciones no gubernamentales. Esta opción había sido eliminada tras los escándalos de corrupción que saltaron a lo largo del año pasado en varios de los gobiernos departamentales.

El Senado debe analizar el jueves el proyecto de modificación de la ley del Presupuesto General de la Nación (PGN).
El Senado debe analizar el jueves el proyecto de modificación de la ley del Presupuesto General de la Nación (PGN).Gustavo Machado

El Senado deberá analizar este jueves el proyecto de modificación del PGN. En concreto, se busca cambiar el artículo 280 de la ley, con lo que se volvería a permitir que las gobernaciones reciban fondos del Rubro 800, precisamente el que fue centro de los escándalos de corrupción que sacudió a varios de los gobiernos departamentales.

La modificación fue planteada por los colorados cartistas Silvio Ovelar y Juan Darío Monges, y por los liberales llanistas Amado Florentín y Abel González.

El senador Stephan Rasmussen (Patria Querida) ya adelantó su voto por el rechazo de la modificación. “No se debería levantar dicha prohibición, es una enorme puerta de corrupción”, afirmó el legislador.

Escándalos en varias gobernaciones y en Asunción

El rubro 800 está pensado para las transferencias de dinero por parte del Estado al sector privado, como grupos vecinales o de otro tipo. Solo en el último año han saltado varios escándalos de gobernaciones y municipios que utilizaron esta partida presupuestaria para evadir los controles establecidos por la ley 2051 de Contrataciones Públicas.

Uno de esos casos es el de la Municipalidad de Asunción, encabezada por el cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez.

Semanas atrás, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas emitió un dictamen sobre el caso de las supuestas compras irregulares hechas por la administración de “Nenecho” Rodríguez, utilizando fondos de emergencia por covid-19.

En su dictamen, la DNCP decidió cerrar el caso “ante la falta de méritos para la apertura de una investigación de oficio”.

Están bajo sospecha de corrupción ocho contrataciones hechas por la Municipalidad de Asunción para la adquisición de kits de alimentos para zonas vulnerables de la capital, artículos de limpieza y seguridad sanitaria y lavamanos portátiles.

Sobre esas compras, la Contraloría General de la República consideró que la administración del intendente Rodríguez violó la Ley de Contrataciones Públicas al no hacer públicos los procesos licitatorios en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones, cuestionando además aparentes sobrefacturaciones escandalosas en la compra de insumos de limpieza.

Al respecto, el titular de la DNCP, Pablo Seitz, señaló que el uso “rubro 800″ –normalmente utilizado para que el Estado transfiera dinero a organizaciones no gubernamentales que llevan adelante proyectos de interés público– para la realización de las compras por parte de la Municipalidad “no es adecuado”.

“(El rubro) puede ser utilizado para que municipalidades se hagan de obras, bienes o servicios para sí mismos (...), no es adecuado y Contraloría ya lo dijo, no es lícito hacerse de bienes y obras para la institución usando el rubro 800″, comentó.

Una situación similar se dio en la gobernación del departamento Central, encabezada por el cartista Hugo Javier González.

El jefe del gobierno departamental afronta varias investigaciones, una de las últimas es el marco de la averiguación del presunto mal uso de G. 18.345 millones del rubro 800, en 2019 y 2020.

El rubro 800 fue también utilizado por otros jefes departamentales para transferir fondos a oenegés que supuestamente se encargarían de ejecutar las obras.

Es el caso del gobernador de Alto Paraguay, el colorado velazquista, José Domingo “Mino” Adorno, que entregó más de G. 2.000 millones al Vicariato Apostólico del Chaco.

Situación similar se dio con el gobernador de Canindeyú, el exfutbolista devenido en político cartista, César “Tigre” Ramírez, que repartió a las apuradas el fondo de emergencia oenegés que estaban conformadas por varios cercanos a él.

Mismo caso al del gobernador de Caazapá, el investigado Pedro “Pipo” Díaz Verón.

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