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Según Querey, hay un manejo premeditado para esconder información relevante referente a determinados actores. Esto mencionó en relación al informe remitido por el Banco Central del Paraguay (BCP), que estaba en su gran parte tachado y generó indignación en la Cámara Alta.
El Senado envió consultas al ente monetario sobre operaciones supuestamente vinculadas a lavado de dinero, sobre la liquidación de la Financiera ARA en el que se solicitaban específicamente informes sobre el expresidente Horario Cartes y el procesado Ramón González Daher. Querey manifestó su enojo por la forma en que el BCP envió el informe solicitado por el Congreso y calificó como un hecho grave de “agresión a un poder del Estado”.
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El legislador detalló que la banca matriz se excusa en el secreto bancario, pasando por alto el deber de informar cuando es requerido por el Congreso, lo cual está establecido en la propia Constitución, que está por encima de cualquier otra disposición legislativa.
Querey cuestionó en particular un artículo de la Ley de la carta orgánica del BCP sobre el deber de informar y que exceptúa el efecto sobre terceros.
“En realidad creo que aquí hay un manejo premeditado en esconder información importante cuando se trata de determinados actores y por eso ocurre eso que ocurrió con las tachaduras de los documentos”, expresó.
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Esperan respuesta
A raíz del burlesco informe todo tachado que remitió la banca matriz al Congreso, Querey mencionó que se ha enviado otro petitorio de aclaración, por lo que aguardan que se cumplan los 10 días para evaluar próximas acciones en caso de que no haya un cambio de actitud por parte de las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) en su deber de informar ante un pedido hecho por el cuerpo legislativo.
Entre estas acciones están analizando la interpelación al actual titular del ente monetario central y solicitar su renuncia. Sin embargo, Querey reconoció que para estos casos va ser muy difícil conseguir los votos, porque ambas facciones del partido de gobierno tienen cobertura, están confabulados. “No nos engañemos, ellos funcionan juntos, así fue como salvaron a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez”, afirmó.
No obstante, el legislador advirtió que no siempre las autoridades de turno van a contar con inmunidad por estar en un cargo y que tendrán que enfrentarse a la justicia quienes actuaron al margen de la ley.
“Vamos a pasar la lista al Ministerio Público de la gente que pidió dictamen jurídico y de quienes autorizaron que se le entreguen los US$ 4 millones a Ramón González Daher, procedimiento absolutamente ilegal y que se autorizó desde el Banco Central en la quiebra de la Financiera ARA”.
De acuerdo con lo señalado por el legislador, en el año 2015 se otorgaron estos fondos a RGD por encima de lo que la Ley del fondo de garantías que cubre solo hasta 75 salarios mínimos.
“Estas personas cometieron delitos y nuestros abogados están trabajando para llevar el caso a la fiscalía. Los que trasgredieron unas leyes y una serie de normativas, que se dio por tráfico de influencia”, afirmó.
En ese periodo estaba al frente del ente regulador el economista Carlos Fernández Valdovinos.