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El informe denominado “Coyuntura e Impacto Fiscal de Proyectos de Leyes” fue expuesto en la reunión llevada cabo en la fecha en Palacio de Gobierno con representantes de gremios empresariales y analistas económicos.
En la reunión se mencionó que un incremento del 15% en forma general para el personal público representaría para los contribuyentes un costo adicional de US$ 111,7 millones al año, que deberá ser financiado con recursos genuinos provenientes de los impuestos.
El análisis indica que este monto incluye solo a funcionarios de la administración central, no así a funcionarios de las entidades descentralizadas cuyas remuneraciones se financian con los recursos que generan, tampoco se incluye a policías, militares, docentes ni a funcionarios administrativos de Salud.
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El incremento salarial del 15% que se pretende incluir en el proyecto de presupuesto 2023, salió a la luz a través de las redes sociales de grupos de funcionarios como parte de un “primer acuerdo” firmado por la Coordinadora de Gremios de Funcionarios Públicos y Entes Descentralizados con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien está en plena campaña electoral como precandidato a la presidencia.
La nota, con fecha 21 de marzo pasado, firmada por la representante de la Coordinadora de Gremios de Funcionarios Públicos y Entes Descentralizados, Porfiria Ocholasky, informa sobre la conformación de una mesa de trabajo integrada por el vicepresidente de la República, el ministro secretario privado de la Presidencia de la República, Mauricio Espínola; la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Carla Bacigalupo; y un representante del Ministerio de Hacienda, a quien no identificó.
Suba salarial y nombramientos
Ocholasky explica que en en dicha reunión se trataron los siguientes puntos y “se suscribió el primer acuerdo” sobre: reajuste salarial del 15% para todos los funcionarios públicos del Estado paraguayo para el ejercicio 2023, desprecarización de funcionarios contratados (que no es otra cosa que sean nombrados funcionarios permanentes), modificación del horario laboral y la reposición de los beneficios adquiridos por cada institución para sus funcionarios.
No menos preocupante son los otros puntos reclamados, como el nombramiento del personal contrato, que implicará mayores beneficios al ser funcionarios permanente; y la reposición de los beneficios adquiridos, que se tratará de aquellos que fueron recortados en los últimos tiempos para reducir los gastos y destinar mayores fondos para hacer frente a la pandemia, en ambos casos el costo de estas medidas no forma parte del estudio.
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El informe que se dio a conocer en Palacio, también indica que el aumento salarial para actuarios judiciales que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, costará US$ 6,4 millones; si a eso se le suma el incremento para el personal administrativo de Salud, implicará otros US$ 24,8 millones.
De este modo, finalmente, el aumento para los funcionarios públicos en total representará para los contribuyentes un costo adicional de US$ 142,9 millones y como el Tesoro está en una situación deficitaria, podría derivar en la suba de los impuestos.
Podrían ir al Congreso
Una negativa del Ejecutivo a otorgar un aumento salarial reclamado es apenas la primera instancia del proceso, ya que los funcionarios aprovechando la coyuntura electoral podrían ir al Congreso a presionar por la inclusión en el presupuesto 2023.
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En los últimos años se incluyó solo incrementos para los docentes, que en julio deben recibir 5%, y para aquellos que ganan hasta el sueldo mínimo cuando se modifica el monto, así como aquellos que tienen indexados sus remuneraciones al mínimo legal, como policías y militares.
En tiempos de elecciones, sin embargo, si el Ejecutivo no prevé dentro del presupuesto, no se descarta que la decisión la tome el Congreso teniendo en cuenta los antecedentes de años anteriores.