El pedido fue concedido y la fiscalía aseguró que incluso antes del vencimiento, el 1 de noviembre, podría haber novedades. Los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera, Luis Said y Diego Arzamendia solicitaron una prórroga extraordinaria de seis meses para seguir investigando al gobernador de Central, Hugo Javier González Alegre (ANR, HC), imputado junto con otras 14 personas por la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
El fiscal Estigarribia manifestó que aún está pendiente el resultado de una pericia arquitectónica y otra contable, que tardarán 30 días aproximadamente.
Aclaró que, si bien el periodo solicitado es de seis meses más, incluso antes podría surgir alguna novedad al respecto. El primer plazo vence el 1 de mayo, pero ahora la fiscalía tiene tiempo hasta el 1 de noviembre para presentar acusación.
El agente explicó además que el tardío envío de informes finales por parte de la Contraloría General de la República (CGR) incidió en el retraso de la culminación de dicha pericia y, por ende, en el cumplimiento del plazo procesal pautado inicialmente. El último informe final de fiscalización de obras fue remitido por el ente contralor hace apenas un mes, luego de diez meses de haberse iniciado la auditoría.
La causa investigada refiere a la ejecución de US$ 1 millón (G. 6.382 millones) del fondo de emergencia sanitaria de COVID-19, otorgado por el Ejecutivo a la Gobernación de Central, administrada por el cartista Hugo Javier González Alegre.
El administrador departamental repartió todo el recurso a dos organizaciones no gubernamentales (ONG) y fueron beneficiadas la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidida por Tadeo Álvarez, imputado en la causa, con G. 5.105 millones, y también el Consejo Regional de Salud, representado por el doctor Hugo Cabrera, que se embolsó G. 1.276 millones.
En la rendición de cuentas aparecen facturas clonadas, otras anuladas y empresas “fantasmas”, entre otras anomalías. La fiscalía imputó al gobernador, a miembros en la fundación CIAP, a funcionarios de la Gobernación y a contratistas.