Clan Caballero Vargas rectificó para ocultar posibles negociados
La diputada Blanca Vargas (ANR, HC) y su esposo, el exintendente de Minga Guazú, Digno Caballero (ANR, HC), forman una lucrativa pareja con amplia visión de negocios, no solo para hacerlos con fondos públicos administrados por ellos mismos, sino también para ocultarlos.
Lea más: Culpan a clan Caballero-Vargas por caída del Partido Colorado en Minga Guazú
La empresa Dimafre SA está incluida en la declaración jurada presentada en agosto de 2013 por Vargas, con motivo de su primera asunción al cargo de diputada por Alto Paraná y esto no sería muy relevante si no fuera porque dicha empresa se adjudicó con varias decenas de licitaciones de la Municipalidad de Minga Guazú, administrada por su esposo Digno Caballero.
Lea más: Intendente denunciado por otro supuesto desfalco millonario
Aquel estuvo dos periodos como intendente mingueño y las adjudicaciones a Dimafre sucedieron entre 2013 y 2019. Dicha compañía seguía figurando en la declaración jurada de Vargas al momento de terminar su primer periodo en 2018. En 2021 rectificó sus DD.JJ., pues ya no figuró ese año su empresa Dimafre SA.
Otro hecho llamativo es que en 2018 la parlamentaria efectuó en total 5 presentaciones, todas con datos similares. La legisladora cartista reportó en dicho año un patrimonio neto de G. 8.115.000.000, supuestamente sin poseer ninguna deuda.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Además, llama la atención que no coinciden varios datos de la pareja, que está casada sin separación de bienes. Por ejemplo, la diputada Blanca Caballero declaró que en 2021 los ingresos mensuales de su cónyuge eran de G. 20.411.230, mientras que un año antes, su marido decía percibir al mes G. 66.928.390.
Hay que destacar que Digno Caballero, justamente por los innumerables cuestionamientos hechos a su administración, que incluye varias denuncias de desvío de fondos que hasta el momento no fueron investigadas por la Fiscalía, perdió la intendencia a manos Diego Amílcar Ríos Llano (Independiente).
Blanqueado duplicó activos en un periodo de cinco años
El blanqueado diputado cartista Tomás Fidelino Rivas duplicó sus activos en cinco años, según lo que él mismo declaró ante la Contraloría General de la República (CGR). El legislador declaró en 2013 un activo de más de G. 2.467 millones, integrado por animales vacunos, equinos y ovinos. Además, de dos inmuebles, tres vehículos e incluso una deslizadora.
Lea más: “Caseros de oro”: escandaloso blanqueo al diputado cartista Tomás Rivas
En ese entonces, el pasivo de Rivas no superaba los G. 400 millones, mientras que su patrimonio neto era de G. 2.067 millones.
Para 2018, el diputado declaró ser propietario de tres inmuebles distribuidos en Lambaré, Paraguarí y Fernando de la Mora, tasados en un total de G. 1.350 millones. Además dijo tener seis vehículos y una deslizadora tasadas en unos G. 1.983 millones.
Igualmente declaró joyas por G. 10 millones y mobiliarios por otros G. 57 millones. Es decir, en apenas cinco años, Rivas duplicó sus activos sumando G. 4.785 millones.
El diputado fue acusado por la supuesta comisión de los hechos punibles de estafa, en calidad de autor, y cobro indebido de honorarios, como cómplice. Antes de integrar la Cámara Baja fue gobernador del noveno departamento.
Llamativamente, fue blanqueado en base a una interpretación inédita del derecho penal tras pagar una suma de dinero de compensación.
Lea más: Piden que fiscal impute a la intendenta de Ybycuí
La esposa de Rivas, la reelecta por tercer periodo consecutivo intendenta de Ybycuí, María del Carmen Benítez (ANR, cartista), por su lado, manifestó en su última DJ que su único activo es una camioneta valuada en G. 300 millones.
La jefa comunal fue reelegida por segundo periodo como titular de la cuestionada Opaci. Esta ONG recauda millones por la expedición, renovación y anulación de las licencias de conducir.
Cinco manifestaciones con cifras totalmente diferentes
El diputado colorado oficialista Ángel Paniagua presentó declaraciones juradas con una significativa particularidad: En un solo día acercó cinco documentos con cifras totalmente diferentes.
Paniagua, uno de los que votó a favor de la despenalización del falseamiento de las DD.JJ., figura con una primera declaración entregada el 25 de noviembre de 2014, cuando asumió como subadministrador de la Dirección Nacional de Aduanas en el Aeropuerto Guaraní. Entonces declaró que tenía un activo de G. 140 millones, integrado por un inmueble y un vehículo.
Ya en 2019, siendo diputado, Ángel Paniagua vuelve a realizar su manifestación de bienes. Lo llamativo es que en una misma fecha, el 22 de mayo, remitió cinco documentaciones distintas especificando solo que se trataba de su baja en la Dirección Nacional de Aduanas y su asunción como legislador.
En unas de las manifestaciones dijo tener activos por más de G. 110.250.000, mientras que sus pasivos eran de G. 115.350.000. Su patrimonio neto era de negativo G. 5.100.000.
En otra documentación declaró que tenía activos por G. 300 millones, mientras que su pasivo era de G. 84.125.251. Esto, arrojó un patrimonio neto de G. 215.874.749.
En la tercera declaración, en tanto, sus activos eran de G. 360 millones y sus pasivos de G. 115.350.000. Su patrimonio neto era de G. 244.650.000, de acuerdo a la documentación.
En una cuarta presentación hizo constar que sus activos eran de G. 60.000.000, mientras que sus pasivos eran de G. 84.125.251. Esto arrojó un patrimonio neto negativo de G. 24.125.251.
En la quinta y última D.J. publicada por la Contraloría General de la República (CGR), Paniagua dijo tener activos por G. 360 millones, mientras que sus pasivos eran de G. 84.125.251. Su patrimonio neto quedó en G. 275.874.749, según su manifestación de bienes.
Operadora antitransparencia
La diputada Marlene Ocampos (ANR, HC) no se cansa de actuar en contra de la ciudadanía y la transparencia, algo que no debe extrañar ya que posee denuncias de presuntos desvíos de fondos cuando era gobernadora de Alto Paraguay.
Lea más: Publicación de declaraciones juradas: “Esto fue una victoria de la ciudadanía”
Ocampos fue una de los 42 diputados que la semana pasada votaron al favor del proyecto de Ley que despenaliza las Declaraciones Juradas (DDJJ) con datos falsos o con omisiones adrede, pero no es la primera vez que se muestra en contra de la transparencia.
La exgobernadora de Alto Paraguay fue parte del grupo de diputados que en 2020 accionó ante la Corte Suprema de Justicia para intentar frenar la publicación de las DD.JJ., algo que en su momento fue denunciado incluso como un atropello a la independencia de los poderes.
La legisladora presentó hasta ahora cuatro declaraciones juradas, desde 2013, cuando era gobernadora y la última en 2018, cuando asumió el cargo de diputada. Un dato llamativo es que menciona poseer G. 57.000.000 en activos, pero no especifica si corresponde a acciones u otros conceptos.
Como antecedente de Ocampos también figura la denuncia de Contraloría por presunto desvíos de fondos durante parte de administración como gobernadora (2014-2015) y apenas ingresó a la Cámara Baja hizo nombrar a su hija en un cargo de directora.