La chicana rechazada corresponde al imputado Luis Eduardo Allende Araujo representado por la abogada Carolina Ferreira de Gorostiaga, quien solicitó una aclaratoria de la disposición judicial dictada por la jueza María Elena Cañete, que como medida cautelar resolvió que el procesado no vuelva a ingresar a la Gobernación de Central. En consecuencia el mismo fue separado del cargo. También ya se había solicitado la nulidad de la imputación pero fue rechazada.
El juzgado de San Lorenzo, la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, y el Tribunal de Apelaciones, rechazaron todos los recursos planteados por la defensa de Allende Araujo por no ajustarse y confirmó los fundamentos expuestos por la jueza María Elena Cañete.
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Además, el Tribunal, expresa en la resolución de fecha 28 de abril que el recurso de aclaratoria es un mecanismo de corrección de las resoluciones judiciales cuyo objetivo es “aclarar expresiones obscuras, corregir cualquier error material o suplir alguna omisión en la que haya incurrido (…)”. Se agrega que en el fallo de la magistrada Cañete no se observan expresiones obscuras o error material en corregir.
Por esta razón, por unanimidad los jueces Bibiana Benítez Faria, Andrea Vera Aldana y Arnulfo Arias, decidieron “no hacer lugar” a la aclaratoria.
El 1 de noviembre de 2021 el Ministerio Público imputó al exgobernador de Central, el cartista Hugo Javier González, y a otras 14 personas por la presunta mala administración de US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones) del fondo covid. Los hechos investigados son lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
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En la rendición de cuentas de la ejecución del rubro aparecen facturas clonadas, facturas de empresas fantasmas entre muchas otras irregularidades que fueron confirmadas por la Contraloría General de la República (CGR), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE).
Durante el proceso los fiscales de la causa, Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Luis Said, solicitaron a las instancias correspondientes que “se advierta a los abogados chicaneros” sobre la presentación de recursos, que solo dilatan el proceso penal.
Actualmente, está pendiente de resolución una apelación planteada por la defensa del exgobernador Hugo Javier, que busca revertir la medida cautelar de arresto domiciliario que pesa en su contra y que incluso lo separó del cargo dando lugar a la elección de otro gobernador que interina en el cargo. Se trata del concejal Gustavo Machuca (velazquista).