La normativa se emite a finales del mes de abril y sirve de base a las diferentes instituciones públicas para elaborar sus respectivos anteproyectos de presupuestos 2023, que luego deberá ser presentado al Ministerio de Hacienda a más tardar el 30 de junio.

La cartera fiscal, por su parte, a partir de estos anteproyectos consolida el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) que será puesto a más tardar el 1 de setiembre a consideración del Parlamento para su estudio y aprobación.

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El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, había adelantado que el decreto que establecerá los lineamientos prohibirá a las instituciones públicas incluir aumentos salariales para los funcionarios porque no están dadas las condiciones.

El anuncio del ministro a inicios de abril se hizo luego de que saliera a luz un “primer acuerdo” para obtener un incremento salarial del 15% firmado por la Coordinadora de Gremios de Funcionarios Públicos y Entes Descentralizados con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.

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Aunque luego se descartó la posibilidad del incremento debido a las críticas surgidas desde la ciudadanía, los funcionarios anunciaron movilizaciones para obtener el beneficio dentro del proyecto de presupuesto 2023.

El “primer acuerdo” incluía un reajuste salarial del 15% para todos los funcionarios públicos del Estado paraguayo para el ejercicio 2023, desprecarización de funcionarios contratados (que no es otra cosa que sean nombrados funcionarios permanentes), modificación del horario laboral y la reposición de los beneficios adquiridos por cada institución para sus funcionarios.