Estos son algunos de los políticos que deben fortunas a Petropar

Varios políticos colorados están entre los operadores que tienen deudas con Petropar y que son beneficiados con las “bondades” de la compra a crédito de combustibles en la estatal. Esta empresa pública, amiga de los poderosos de turno, está a un paso de obtener su “licencia” para las compras de combustibles sin ningún control de Contrataciones Públicas.

La gasolinera que montó la madre del diputado Tomás “Éver” Rivas este año en Ybycuí con recursos de Petropar.
La estación de servicios de Petropar del diputado Tomás Rivas, que está a nombre de su madre, Aida Benítez, en la ciudad de Ybycu’i. El legislador es uno de los políticos que adeuda a la petrolera.Archivo, ABC Color

ABC accedió al listado de operadores que adeudan millones a Petropar, entre los que se encuentran varios políticos y familiares de los mismos, quienes se benefician con recursos públicos de la petrolera estatal. Se trata de una información extraoficial, pero que ya fue requerida mediante el portal de Acceso a Información Pública (AIP), pedido que hasta el momento la institución no responde.

En la lista se puede encontrar a los diputados Pedro Alliana y Erico Galeano, con la empresa Fusión Pilar SA y Alpina SA, respectivamente; los diputados Jazmín Narváez, y su padre Cayo Narváez, y Tomás Rivas, con su madre, Aida Galila Benítez de Rivas. Esta última fue procesada vinculada en un negocio de compra de carne de la Policía (ver detalles en el cuadro).

También se encuentra el diputado Basilio “Bachi” Núñez, quien instaló la gasolinera en una plaza pública desoyendo la exigencia de la comunidad de mantener el espacio para la recreación de los lugareños, y el exministro de Agricultura y Ganadería Carlos Santa Cruz, criticado por aparentes hechos de corrupción durante su gestión, de entre otros políticos.

En total, los operadores del emblema estatal adeudaban G. 236.310.794.765 (US$ 35 millones, al cambio actual) hasta el 31 de marzo último y de esta suma, solamente la deuda del citado grupo de políticos ascendía a más de G. 16.670 millones. Cabe recalcar que el detalle de los deudores es mantenida en secreto por el presidente de Petropar, Denis Lichi, así como por todo el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez.

Según Petropar, el plazo de venta a crédito que la empresa estatal ofrece a sus operadores es de hasta 30 días, pero conforme a reportes y testimonios extraoficiales recabados, la realidad es diferente. Ese lapso de un mes se aplica “según la cara del cliente” e incluso, hay políticos que registran altas cifras de sobregiros.

De todos modos, se intentó conversar al respecto con Lichi ayer, pero no contestó las llamadas. Tampoco el coordinador de Empresas Públicas, Elvio Brizuela, ni el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas.

De esta manera, la ciudadanía no puede acceder al detalle del manejo de Petropar con sus operadores, que hacen un “negocio redondo” al conseguir combustible de Petropar y pagarle después, según el plazo blando y conveniente a los amigos políticos, según las informaciones a las que hemos accedido.

Y es precisamente a esta empresa amiga de los políticos, que no transparenta su funcionamiento, a la que pretenden exceptuar de la aplicación de la ley 2051 de Contrataciones Públicas en sus adquisiciones de combustibles y biocombustibles del exterior. Así lo aprobó una ley sancionada la semana pasada, que aún no fue promulgada por el presidente de la República Mario Abdo Benítez.

En inicio, a través de dicha ley solamente se iba a eliminar la exigencia vigente de que los proveedores de hidrocarburos de la estatal ya no sean obligados a presentar sus declaraciones juradas (DDJJ) de bienes y activos. La idea era supuestamente fomentar la participación de empresas extranjeras estatales. Sin embargo, lo que el Congreso, a espaldas de la opinión pública finalmente aprobó, fue -además de la eliminación de las ddjj, también el “puenteo” a la normativa de compras públicas (Ley N° 2051/2013).

Esta situación fue denunciada por un par de diputados durante su tratamiento, y pese a la gravedad de la observación, una mayoría de legisladores votó por su aprobación. Ahora la última palabra la tiene el Ejecutivo para que Petropar compre o no con “vía libre” a posibles negociados.

Ejecutivo analizará ley sancionada

El titular de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, confirmó que hoy se prevé desarrollar por la tarde una reunión para analizar la ley sancionada y definir el veto o promulgación de la misma. En el encuentro participarán representantes de Hacienda, Industria y Comercio, Petropar, además de otras autoridades del Ejecutivo.

La ley en cuestión tiene solamente dos artículos, el primero establece la eliminación de las DDJJ y de la ley 2051 para las proveedoras extranjeras de combustible de Petropar; y el segundo, obliga a socializar su estructura de costos mensualmente, supuestamente para “transparentar”. Pero la estatal ya estará reportando, si lo hace, sobre hechos consumado.

Gremios cuestionaron decisión de parlamentarios

Empresarios cuestionaron la decisión de parlamentarios y sobre todo recalcaron que fueron engañados, ya que el discurso era que sólo se fomentaría la participación de más oferentes.

Los mayores proveedores del Estado

El titular de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, confirmó que los proveedores de combustibles de Petropar, que son Trafigura, Vitol y Glencore International son los mayores proveedores del Estado. De esta manera, el funcionario ilustró las importantes compras que realiza la petrolera estatal en concepto de combustibles, y que las mismas ya no estarían sometidas a las normativas de la ley 2051. “De ninguna manera estamos de acuerdo a una libre interpretación de esta ley”, aseguró.

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