La audiencia de imposición de medidas de Luis Eduardo Allende Araujo, jefe de tesorería de la Gobernación de Central, se llevó a cabo la semana pasada luego de numerosas chicanas planteadas por su defensa. El funcionario fue imputado por la Fiscalía de Delitos Económicos por lesión de confianza en carácter de cómplice y como coautor de asociación criminal. En ese entonces, los agentes Rodrigo Estigarribia, Luis Said, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia, solicitaron que el funcionario ya no vuelva a ingresar a la institución departamental.
La jueza de Garantías de San Lorenzo, María Elena Cañete, otorgó como medida cautelar para el procesado, libertad ambulatoria además de la prohibición de volver a ingresar a la Gobernación de Central. Ante esta situación, Allende Araújo solicitó “permiso para trabajar”, sin embargo, la magistrada se ratificó en la medida otorgada y negó dicho permiso.
Luis Eduardo fue imputado junto a otras 14 personas incluyendo al exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre (ANR cartista), por el presunto daño patrimonial de G. 6.382 millones (US 41 millón) del fondo covid-19. En la rendición de cuentas aparecen facturas clonadas y un sinfín de irregularidades confirmadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación, Secretaría Nacional Anticorrupción, Contraloría General de la República y Auditoría General del Poder Ejecutivo.
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Seguía siendo funcionario
Según el registro electrónico de la Gobernación de Central, Luis Eduardo Allende Araújo, seguía apareciendo en la nómina de funcionario de este año. En marzo de 2022 percibía un salario de G. 10.425.200 y en el mes de abril tuvo un incremento de casi G. 3.000.000, es decir, su salario ascendió a G. 13.365.360.
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Según el acta de imputación, Allende Araújo, siendo jefe de tesorería, presuntamente habría sido el firmante de los cheques por valor de G. 5.105 millones, parte del fondo covid-19, que la Gobernación de Central transfirió a la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), para la ejecución de obras de infraestructura.
Posteriormente, los cheques fueron retirados por Paulino De Los Santos Palacios Recalde, tesorero de la fundación mencionada, también imputado en la causa que investiga el Ministerio Público. El otro firmante fue el exgobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, imputado por lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa; y con arresto domiciliario.
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Presidente de ONG sigue con arresto
En la misma causa también fue imputado el presidente de la ONG CIAP, Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo. La jueza María Elena Cañete otorgó al mismo en abril pasado, como medida cautelar, arresto domiciliario.
El procesado solicitó por tercera vez “medidas menos gravosas” como la libertad ambulatoria, sin embargo, la magistrada se ratificó en su decisión y Álvarez Cristaldo seguirá con arresto domiciliario.
En mayo, la defensa de Tadeo Andrés ya había apelado la medida y los miembros del Tribunal de Apelaciones especializado en Delitos Económicos, los jueces Arnulfo Arias, Andrea Vera Aldana y Bibiana Benítez, rechazaron el recurso y consideraron que es “inviable la aplicación de una medida cautelar distinta a la del arresto domiciliario”.
Exfuncionaria sigue chicaneando
También la exjefa de Control Interno de la Gobernación de Central, Karina Elizabeth Mazacotte Widmer, fue imputada por lesión de confianza, declaración falsa y asociación criminal y la Fiscalía solicitó como medida cautelar su arresto, pero debido a las innumerables chicanas planteadas la audiencia de imposición de medidas sigue dilatándose.
Mazacotte es funcionaria de la Cámara de Diputados y fue comisionada a la Gobernación de Central, en 2019. De acuerdo a la manifestación del fiscal Estigarribia, Karina Elizabeth, entre los meses de agosto del 2020 y mayo del 2021, presuntamente, le habría encargado a la señora Modesta Valiente Escobar (imputada en la causa) pagarles a los funcionarios denominados “por transferencia” y solicitarles que emitan sus facturas a nombre de la ONG CIAP.
Estos mismos comprobantes fueron utilizados en la rendición de cuentas para justificar el uso del fondo covid-19. El dinero era para la ejecución de obras de infraestructura y para la asistencia a hospitales.