Tribunal anula baja de policía que estuvo preso por asalto en Argentina

El Tribunal de Cuentas, primera sala, hizo lugar a una demanda promovida por un agente policial que fue detenido en Clorinda, Argentina, tras ser involucrado en un asalto. Por mayoría, el colegiado anuló la resolución por la cual se decretó su baja, tras argumentar que la notificación fue defectuosa.

El dinero incautado por la Gendarmería Nacional Argentina, en el procedimiento realizado en el 2016 con relación a un asalto en Clorinda y que concluyó con la detención del policía Aníbal Sosa Martínez.
El dinero incautado por la Gendarmería Nacional Argentina, en el procedimiento realizado en el 2016 con relación a un asalto en Clorinda y que concluyó con la detención del policía Aníbal Sosa Martínez.

Por mayoría, el Tribunal de Cuentas resolvió hacer lugar la acción promovida por el policía Aníbal Sosa Martínez contra el decreto N° 1.584 del 8 de abril del 2019 de la Presidencia de la República -Ministerio del Interior, que lo dio de baja tras verse involucrado en un asalto en Argentina, en el 2016. El la época, el accionante tenía el rango de suboficial primero.

El recurrente también impugnó el Acuerdo y Sentencia N° 6, dictado por el Tribunal de Apelación de la Dirección de Justicia Policial, que rechazó la apelación que promovió contra Resolución Definitiva N’ 242 de fecha 05 de julio de 2017, que calificó su conducta como falta grave y lo sancionó con la baja.

Básicamente, el agente argumentó que fue destituido sin haber tenido oportunidad de ejercer su derecho a la defensa. Asimismo, alegó que no incurrió en falta alguna, pues el viaje que hizo a Clorinda lo realizó cuando estaba libre de servicio y que el delito por el cual fue imputado en Argentina fue finalmente desestimado, por lo cual no se le puede sumariar y sancionar por este hecho.

La resolución refiere que el sumario se abrió tras la noticia de que Aníbal Sosa Martínez había sido detenido en Clorinda, Argentina, por su presunta responsabilidad en un hecho de asalto a mano armada ocurrido en el vecino país.

Los antecedentes del caso dan cuenta que Sosa Martínez y otros dos paraguayos fueron detenidos el 20 de diciembre del 2016 por agentes de la Gendarmería Argentina, durante un control de rutina en el cual se produjo la incautación de 661.349 pesos, equivalentes a más de G. 244 millones en la época, que estaban envueltos en una sábana en el automóvil del uniformado, un automóvil Toyota Runx.

Según los intervinientes, el dinero correspondía al botín robado durante un asalto a un maxiquiosco ubicado en Villa General Güemes, Formosa, donde fueron mantenidos de rehenes el dueño del negocio y su concubina, ambos de nacionalidad argentina. Tras la confesión de uno de los detenidos con el agente policial, se realizó otro procedimiento en el que fueron aprehendidos otro compatriota y un argentino, igualmente con relación al caso.

Tribunal en mayoría cuestiona notificación

“Se relata que el Suboficial Aníbal Sosa fue notificado del inicio del sumario en la unidad donde se desempeña en la Comisaría 11ª Metropolitana, sin hallarlo en dicho domicilio, como también se notificó a su abogado, agotando - según sus términos- todos los recursos para citarlo a prestar declaración indagatoria. En la resolución se considera que, aunque no exista una condena firme en el país extranjero contra el funcionario detenido, los hechos en los que fue involucrado afectaron gravemente la imagen institución, incurriendo así en una falta conforme al art. 42, num. 4 del Reglamento Disciplinario con el agravante del art. 28, num. 1″, explica el fallo.

Sosa Nicoli advierte que durante todo el tiempo en que duró el trámite del sumario, el suboficial Aníbal Sosa se encontraba privado de su libertad en la Argentina y por lo tanto, las notificaciones se realizaron en un lugar en el que mismo no se encontraba. La institución policial sostuvo que no hubo indefensión porque informó de las actuaciones a la concubina del sumariado y también al abogado por ella designado para ejercer la defensa de su pareja.

“En este caso, según las Notas tanto de la Gendarmería como de la Policía Nacional e lnterpol dan cuenta que el oficial se hallaba privado de libertad, lo que significa que este es -aunque no jurídica- fácticamente incapaz de comparecer enjuicio, aunque haya intentado remediarlo designando al abogado que ejerza su defensa”, señala Sosa Nicoli.

“Entonces, no puede argüirse válidamente que la supuesta concubina y el abogado hayan intervenido, subsanando así la situación de indefensión del funcionario, ya que estos no son titulares de ta legitimación pasiva ni ostentaban la representación procesal del sumariado en dicho momento”, agrega el magistrado Sosa Nicoli, quien argumenta que no consta que se hayan realizado las diligencias tendientes a participar al procesado de las diligencias y otorgarle la oportunidad de presentar su descargo.

“Por el contrario, el Juez Instructor tuvo noticia de que el personal permaneció en reclusión en un país extranjero durante todo el trámite y aún así las notificaciones se practicaron el la Comisaría donde el personal policial prestaba servicios hasta antes de su aprehensión, lugar en el que por obvias razones este no recibiría noticia de la acusación que se le formulaba y poder así presentar su descargo contra la falta que se le atribuía, ni se activaron mecanismos de cooperación institucionales para procurar diligenciar estas notificaciones en el domicilio donde el funcionario estaba recluido” indicó.

Por las razones mencionadas, Sosa Nicoli concluye que el sumariado estuvo en un estado de indefensión, situación violatoria al ejercicio de la defensa en juicio de la persona y de sus derechos, consagrada en la Constitución en su art. 17, lo que conlleva la nulidad del procedimiento y las resoluciones administrativas como el Decreto que se dictaran como consecuencia de conformidad al art. 117 del Código Procesal Civil.

Voto en disidencia descarta indefensión

El magistrado Rodrigo Escobar se adhirió al voto de Sosa Nicoli, no así el tercer integrante del Tribunal, Alejandro Martín Ávalos, quien votó en disidencia, por considerar que la acción debía ser rechazada.

Para Ávalos no hubo indefensión pues existe constancias de que el abogado Gill González Pavón se ha presentado a dos audiencias referentes al caso.

Destacó que las notificaciones también fueron realizadas en el domicilio del abogado que asumió su representación y tenía personería reconocida en el procedimiento administrativo, en el cual participó en sus distintas etapas, “agotando de esta manera los recursos que se tenían para resguardar los derechos del afectado”.

“El actor no se encontraba en el país, por estar recluido en la ciudad de Formosa como sospechoso de un hecho de robo agravado ocurrido en dicha ciudad y en el que el agente policial presumiblemente estuvo involucrado. La sanción de abandono de cargo se verificaba plenamente, pues el mismo no se encontraba cumplicndo funciones desde diciembre del 2016 en la Comisaria 11ª Metropolitana y dicho acontecimiento debe ser juzgado por la Policía Nacional”, agregó Ávalos.

“Además al ser parte de las filas policiales, debía solicitar permiso a sus superiores para salir del país, cometió un acto de indisciplina con lo que sumado al abandono de cargo era pasible de sanción, a todas luces”, concluyó el magistrado disidente.

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