De materializarse dos iniciativas parlamentarias que están en la Cámara de Diputados pondrían en serio riesgo el crecimiento que se ha construido entre todos los actores de la cadena agrícola y agroindustrial del país porque se afectarían el contrato para entrega a futuro de granos y el desarrollo y adopción de nueva tecnología, señala el manifiesto de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro) y la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), difundido este jueves.

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Señalan que los actores del sector están muy preocupados por los referidos dos proyectos de leyes que se encuentran en discusión actualmente en la Cámara de Diputados. Uno de ellos es el “Que suspende temporalmente la obligación de pago de Regalías por Eventos Genéticos o Biotecnológicos en Soja protegidos por Patentes de Invención”; y el otro, porque “Que prorroga vencimiento por un año y prohíbe aplicación de multas y recargos a obligaciones derivadas de Contratos de Entrega de Granos de la zafra 2021/2022″.

Ambos pondrían en jaque los esquemas actuales de comercialización, que permiten el buen desempeño que ha conseguido la cadena de valor en estos últimos años.

“Gracias a los contratos de entrega de soja y otros granos a futuro, los productores han venido consiguiendo un financiamiento acorde a sus necesidades, se han asegurado la provisión de semillas, insumos y un asesoramiento técnico que colabora en sus esfuerzos para seguir produciendo y comercializando más y mejor”, argumenta el comunicado.

Cappro y Capeco dicen que los proyectos afectarán la comercialización de la soja

Agrega que en los últimos años se han dado incluso unos pasos más, ya que a través de la “Bolsa de Productos del Paraguay y la Cámara Arbitral” los representantes de los compradores (industrias, acopiadores, comercializadores y exportadores) y los representantes de los vendedores (productores agrícolas) se han unido y han prestado su consentimiento para homologar un modelo de contrato que represente la realidad del mercado y proteja a ambas partes, explica.

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“La zafra del 2022 ha sido la peor cosecha de la historia del país, pero incluso en este contexto tan negativo, más del 95% de todos los contratos para entrega a futuro de granos han podido ser honrados o renegociados con éxito entre las partes, conforme a los términos pactados en el propio acuerdo, lo que demuestra claramente que el sistema actual funciona”, destaca el escrito.

Alega que las intromisiones políticas o de terceros al sistema de comercialización de granos podrían poner en riesgo todo lo bueno que se ha conseguido en el sector agrícola y agroindustrial nacional, ya que restará previsibilidad y confianza a las relaciones entre las partes con cambios no negociados entre las mismas, que fueron impuestos. Además con ambos proyectos de leyes se podría perder el dinamismo que tiene el mercado, obligando a todos los participantes de la cadena a reconfigurar mecanismos de trabajo que son claves para toda la actividad.

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“Estos proyectos son particularmente peligrosos en un momento como el actual, donde todo el esfuerzo de la cadena se encuentra abocado en asegurar que los productores puedan finalizar de manera exitosa su esfuerzo de siembra de soja y esperar que la próxima cosecha pueda recomponer en alguna medida la salud del campo y que este pueda seguir siendo uno de los principales motores del crecimiento económico”, según opinan los gremios Cappro y Capeco.

Con los argumentos expuestos, ambos gremios empresariales, competidores entre sí, manifestaron en un mismo sentido, el rechazo hacia dichos proyectos presentados, por lo que solicitan a los congresistas descartarlos, para que continúe la libre negociación y el trabajo conjunto de toda la cadena, bajo normas que se ajusten a la realidad y eso permita la recuperación del mal resultado de la última cosecha, como ya se ha hecho tantas veces en el pasado, finaliza.