La organización de Derechos Humanos, Servicio Paz y Justicia (Serpaj) Paraguay y la Red por el Derecho a la Educación lanzaron un comunicado en sus redes sociales, cuestionando a las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) por la decisión anunciada de abrir sumarios y “aplicar las penas más altas” a los que incurrieren en enseñar sobre “ideología de género”.
Mediante la nota, las organizaciones manifiestan una “profunda preocupación ante las reiteradas dificultades manifestadas por el MEC para cumplir con su misión institucional relacionada con la garantía del derecho a la educación”.
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Sobre la vigencia de la resolución 29.664/2017 de la cartera educativa, refieren que se constituye en “un obstáculo que bloquea cualquier posibilidad de que el MEC se afiance en su rol de garante del derecho a la educación”.
Enfatizan en el comunicado que organismos internacionales de Derechos Humanos “han recomendado al Estado Paraguayo la derogación de la mencionada resolución por violar principios democráticos y de derechos humanos”.
El MEC insta a violación de derechos, afirman
El comunicado del MEC, a criterio de Serpaj y la Red, “insta a la ciudadanía a la violación del principio de pluralidad y diversidad, bases de nuestro orden constitucional democrático, a ignorar el derecho a la autodeterminación sexual, la protección de la dignidad humana, la libertad de expresión y de información, la prohibición de discriminación, de derechos sociales (salud y trabajo, entre otros), derecho a la educación, que incluye libertad de enseñanza y de investigación”
El posicionamiento de las organizaciones de derechos humanos continúa: “recordamos a las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias, la importancia estratégica de respetar, proteger y promover el derecho a la educación, y que estas responsabilidades no pueden realizarse con una norma que desconoce principios básicos de la convivencia democrática y de respeto a los derechos humanos”.
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Asimismo sentencia que, “en tiempos de disputas políticas partidarias, el MEC precisa sostener su misión institucional y no dejarse llevar por presiones capaces de transformarla en una institución que legitima la propagación de parámetros de conducta y de mensajes que desconocen el pluralismo y las diferencias legítimas de una sociedad democrática”.
Serpaj y la Red de Derecho a Educación remarcan que la posición del MEC contribuye a la “degradación de las condiciones de respeto a la integridad física y psíquica de las personas” y “promueve una cultura de odio y violencia que profundamente atenta contra la dignidad humana”.